Por muchas justificaciones que se intente proporcionarle, cae por su propio peso que la reunión mantenida por el ministro del Interior con Rodrigo Rato fue un despropósito. Y más, si cabe, reunirse en la propia sede del Ministerio, lo que, se quiera o no, le otorga un carácter oficial. El Ministerio ha dicho que el asunto del encuentro era de carácter personal, y que mejor verse ahí que medio a escondidas en el reservado de un restaurante. Y el PP no ha perdido tiempo en recordar que, por ejemplo, el exministro del PSOE José Blanco se vio con un imputado en una gasolinera. Reunión en ciertamente extraño sitio, cuyo motivo o contenido, por cierto, nunca explicó el señor Blanco. Jorge Fernández Díaz sí da hoy explicaciones en una comparecencia en el Congreso a petición propia.
Pero, más allá de excusas o buceos en el pasado, es claro que esa reunión, tal como se produjo, nunca debiera haberse celebrado. Ante la petición del exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia para el encuentro, Jorge Fernández Díaz tendría que haber reaccionado de otra forma. Cuando, además, no era muy difícil imaginar que un hecho de estas características iba a ser manejado por la oposición y utilizado como arma arrojadiza contra el ministro del Interior y contra el propio Gobierno de Mariano Rajoy. Sin duda, esa reunión no debe agrandarse como si fuera casi el principal problema que hoy ha de preocuparnos, pero tampoco considerarla como algo absolutamente intrascendente.
En la cadena de dislates, se lleva la palma que, a un solo día de la comparecencia de Jorge Fernández Díaz en el Congreso, el PSOE diera un paso más en su ofensiva y haya presentado una denuncia ante la Fiscalía contra él, con la base de que en esa reunión podrían haberse cometido delitos de prevaricación, omisión de deber de perseguir delitos y revelación de secretos. Los socialistas están en su derecho de haberla presentado, pero no estaría de más que recordaran que el electoralismo a cualquier precio puede hacer pagar al que lo ejerce el del ridículo.