CAPACIDAD SANCIONADORA
EL IMPARCIAL/Efe | Miércoles 02 de septiembre de 2015
El Gobierno insiste en que la modificación fortalece el Estado de Derecho.
El PSOE ha contactado con el resto de grupos parlamentarios de la oposición para transmitir su protesta por la tramitación exprés de la reforma del Tribunal Constitucional (TC) planteada por el PP para que esta institución tenga capacidad sancionadora si se incumplen sus sentencias.
Los socialistas han manifestado su rechazo a la decisión del presidente del Congreso, Jesús Posada, de calificar la proposición de ley del PP, en vez de hacerlo la Mesa de la Cámara Baja, con el fin de acelerar su tramitación, han informado a EFE fuentes de este grupo parlamentario. Una vez calificada por la presidencia, la Junta de Portavoces, en su reunión del próximo martes, podrá incorporar la reforma del TC en el orden del día del pleno del 29 de septiembre para que se tramite de forma urgente gracias a la mayoría del PP.
El PSOE ha contactado con otros grupos de la oposición para presentar este miércoles un recurso conjunto en el que solicitan que la calificación de la proposición de ley la haga la Mesa, el órgano de gobierno de la Cámara, en la que el PP también tiene mayoría. A juicio de lo socialistas, aunque el presidente del Congreso tiene potestad para calificar iniciativas, no se dan las circunstancias para que lo haga en este caso. La medida impulsada por el PSOE es un "primer paso" para expresar el rechazo frontal que la reforma del TC promovida por el PP ha generado en la oposición, según las fuentes.
El portavoz nacional de UPyD, Andrés Herzog, ha calificado de "atropello parlamentario" la urgencia imprimida por el PP a la tramitación, además de que se haga a través de una proposición de ley para esquivar los informes consultivos del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado. En declaraciones a los medios en la sede de UPyD, Herzog ha denunciado que el PP vuelva a "manejar a su antojo, por intereses partidistas, las instituciones de todos los ciudadanos como si fuera su cortijo particular". El dirigente de UPyD ha arremetido contra Jesús Posada, al que ha recordado que "no se debe al PP", sino que ocupa su cargo porque "lo han puesto los españoles".
"Esperamos que prime la cordura y la responsabilidad", ha confiado Herzog, quien no ha querido anticipar nuevas medidas en caso de que no se acepte el recurso de reconsideración dirigido a la Mesa, si bien no ha descartado acudir a la vía judicial. Herzog ha reiterado que UPyD discrepa "en el fondo y en las formas" de la reforma del TC al ser innecesaria, puesto que ya existen mecanismos jurídicos para que se cumplan sus resoluciones.
El coordinador general de IU, Cayo Lara ha acusado a Rajoy de pretender que el Tribunal Constitucional "haga de primo de Zumosol" para "resolver por la vía administrativa lo que es incapaz de resolver por la vía política" en Cataluña. "Únicamente obedece a una cacicada inducida por el Comité Electoral del PP", ha aseverado Lara, quien ha hecho hincapié en que su grupo "lamenta muy seriamente" que el presidente del Congreso, Jesús Posada, "se haya prestado al juego", al calificar "personalmente" la iniciativa del PP sin convocar a la Mesa.
Ha criticado que "los más satisfechos" por esta medida sean los "independentistas en Cataluña con Artur Mas a la cabeza", porque la iniciativa del PP servirá "para que no se hable" de la investigación por las comisiones del 3 por ciento que afecta a CDC. Ha explicado que la tramitación como proposición de ley de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional supone que no haya los informes de los órganos consultivos que, a su juicio, serían necesarios para modificar una ley de esta naturaleza. Y ha acusado a Rajoy de "desprestigiar más" al Tribunal Constitucional "porque se demuestra que lo que está haciendo es un uso partidista del mismo".
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha calificado la propuesta de "inadecuada" y "apresurada" y ha considerado que "vinculada a un suceso político con nombre y apellidos". Según Carmena, cuando se afronta una reforma de la ley hay que preguntarse qué se quiere modificar tras analizar qué es lo que no gusta de la anterior, "en un plano de objetividad" y "con tranquilidad".
"No me puede gustar una actividad tan coyuntural, tan poco profesional, del ejercicio de la legislación", ha considerado Carmena, que ha eludido pronunciarse sobre "actitudes individuales" a la pregunta de si cree que el presidente de la Generalitat, Artus Mas, cumple las sentencias del TC.
El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha afirmado que es "un verdadero disparate" y refleja, según ha añadido, "la soledad" de los populares. Con esta iniciativa, el PP pretende "movilizar a parte de su electorado", ha manifestado Fernández Vara. A su juicio, "gobernar y legislar con nombre y apellidos -en alusión a que la propuesta popular pueda estar dirigida hacia Artur Mas-, y en caliente es un error". Asimismo, ha agregado que supone "un error bulto" gobernar solo para unos.
"Fortalecer el Estado de Derecho"
A pesar de las críticas, el Gobierno defiende su propuesta. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saez de Santamaría, ha afirmado que la reforma "no va contra nadie", sino que "fortalece" el Estado de Derecho para que las decisiones de los tribunales se cumplan. Saez de Santamaría ha llamado a la reflexión al preguntarse "¿en qué país democrático y en qué Estado de Derecho las resoluciones no se cumplen?". Lo que pide el Gobierno central con esta reforma, ha agregado, es que cuando un ciudadano o administración acuda a un tribunal, en este caso al TC, y se le da la razón, "esa decisión se cumpla y se respete por todos".
En la misma línea, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha negado que la reforma se haya hecho pensando solo en la situación en Cataluña o para sancionar o suspender a Mas. "Será contra el señor Mas o el señor menos que decida saltarse una sentencia", ha dicho. Y ha añadido que "en unos momentos como los que vienen no parece que solo afecte a Mas. Puede afectar a otras personas en Baleares". Hernando ha defendido la legitimidad de su grupo parlamentario para presentar esta propuesta que busca resolver algunas "lagunas" y ha subrayado que da al TC "herramientas suficientes" para actuar sobre quienes no dan cumplimiento a sus resoluciones.
Más tarde, Hernando ha admitido que la reforma introduce "herramientas que en el pasado no se hacían necesarias pero ante el desafío de los independentistas se hacen imprescindibles". "¿Por qué ahora? Porque ahora el desafío nacionalista y la hoja de ruta es cada día más fuerte", ha admitido Hernando. El portavoz popular ha considerado que la posibilidad de suspender la autonomía era "desproporcionada", de ahí que la reforma busque sancionar a los responsables individuales.
También el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha enfatizado hoy que es "raro" que, hasta ahora, las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) sean "declarativas y no ejecutivas". Ha considerado que lo "lógico" es que los fallos del TC tengan que cumplirse y que tengan capacidad para ello. También se ha mostrado "completamente convencido" de que todas las comunidades aplicarán la Lomce este curso porque España es un Estado de Derecho y las leyes se cumplen.
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