Soraya Sáenz de Santamaría decía el pasado viernes que el Gobierno trataría con las comunidades autónomas la acogida a inmigrantes. Desde entonces, prácticamente todos los presidentes autonómicos han hecho declaraciones grandilocuentes arrogándose atribuciones que no tienen, cual si fueran presidentes de 17 países distintos. El artículo 149.2 de la Constitución es muy claro en este punto: el Estado tiene la competencia exclusiva “en nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo”.
Puede darse la circunstancia de que el Gobierno decida acoger a un número determinado de inmigrantes y que, llegado el momento, tenga problemas para ubicarlos por las reticencias de las comunidades autónomas; asunto éste que, a tenor de las declaraciones de algunos, no tardará el producirse. Bien está que pueblos, ciudades o autonomías muestren su voluntad solidaria, pero eso no debe llevar a disfunciones institucionales.
Esta situación pone de manifiesto -una vez más- el despropósito en que se ha convertido el estado de las autonomías. Ningún país europeo tiene problema alguno en que su gobierno central sea quien aborde el tema de los inmigrantes. España, sin embargo, cada vez se parece más a 17 reinos de taifas que sólo saben pedir y no admiten autoridad superior alguna.