Las cuotas de acogida de refugiados enfrentan a Europa

República Checa, Polonia, Hungría y Eslovaquía se niegan a aceptarlas.

Luxemburgo, que ostenta la presidencia de turno de la Unión Europea (UE), y Alemania intentaron este viernes en vano, en una reunión en Praga, que la República Checa, Polonia, Hungría y Eslovaquia acepten un reparto de refugiados con cuotas obligatorias. En el encuentro de los jefes de la diplomacia de esos países, los cuatro Estados centroeuropeos, que entraron juntos en la UE en 2004 y conforman el Grupo de Visegrado, reafirmaron su rechazo de plano a dichas cuotas vinculantes.

La Comisión Europea (CE) las ha propuesto para redistribuir 160.000 refugiados en toda la UE, en base a un cálculo que tiene en cuenta, entre otros, criterios de población, desempleo y renta nacional. "Lo principal no son las cuotas, que no es el punto que nos salva", dijo el anfitrión de la reunión, el ministro checo de Exteriores, Lubomir Zaoralek, para quien "es preciso mantener el control, según la capacidad que tengamos de acoger y ofrecer la integración".

"No se trata de crecimiento, ni del euro, sino de seres humanos", destacó por su parte el titular luxemburgués de Inmigración, Jean Asselborn, y recordó que en lo que va de año unos 110.000 personas entraron en la UE por Italia y otras 200.000 lo hicieron por Grecia y la llamada Ruta Balcánica (Macedonia-Serbia-Hungría). "No podemos dejar a Italia y Grecia solos", insistió Asselborn, al mismo tiempo que instaba a emplear las "energías para encontrar una solución europea". Y pidió solidaridad, al igual que el titular de Exteriores alemán, Frank-Walter Steinmeier, para quien la actual crisis migratoria y de refugiados puede ser "el mayor desafío en la historia de la Unión Europea".

Pese a todo ello, los países de Europa Central y del Este no dieron su brazo a torcer, por lo que al final se mantienen las llamadas cuotas voluntarias, lo que se planteará el lunes próximo en la reunión extraordinaria que celebrarán los responsables de Interior de la UE para tratar la cuestión de los refugiados. Algo que Alemania aceptó a regañadientes, si bien dejó claro que no le resulta beneficioso. Steinmeier subrayó que su país no se opone a las cuotas voluntarias, pero considera que las mismas no ayudarán a un reparto más equilibrado de la cantidad de aspirantes al asilo. "Estamos a favor de ellas (cuotas voluntarias), pero esto no ayuda a nuestra situación, ya que se espera un crecimiento de los refugiados en Alemania", dijo Steinmeier.

Por otro lado, el ministro alemán estimó que el monto financiero propuesto por la Comisión para afrontar esta crisis migratoria, de 1.500 millones de euros y dirigido sobre todo a crear en las fronteras comunitarias centros de acogida y registro, "no será suficiente". Algo en lo que está de acuerdo Luxemburgo: "Sin un presupuesto serio de la UE no habrá solución, pues será la UE la que soporte el peso de este sistema", aseveró Asselborn.

Por su parte, los cuatro países citados de Europa Central y del Este insistieron en que ya no quieren hablar solamente de cuotas, sino de un paquete general que incluya también medidas efectivas de devolución de refugiados a otros países y protección de fronteras exteriores. "La prioridad es proteger las fronteras exteriores porque, hasta que no volvamos a ganar control de las fronteras, sentimos que todo lo demás no tendrá resultado", dijo el jefe de la diplomacia húngara, Péter Szijjártó.

Hungría, tajante e "inhumana"
De forma paralela, Hungría anunció que a partir del 15 de septiembre detendrá a todos aquellos que crucen alguna de sus fronteras de forma ilegal, mientras que el trato a los refugiados en los centros húngaros de acogida fue calificado de "inhumano" por la ONG Human Rights Watch (HRW). Cuatro días antes de que entren en vigor esas normas, que prevén penas de hasta cinco años de cárcel por cruzar la frontera ilegalmente, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, dejó claro que se aplicarán.

En una rueda de prensa con pocos medios invitados, el jefe del Gobierno hizo hincapié en su política de rechazo a los solicitantes de asilo y llegó a calificar la actuación de los mismos de "rebelión" porque supuestamente no cooperan con las autoridades y se resisten a ir a los centros de registro en Hungría.

Las condiciones de dichos centros fueron tachadas este viernes por la ONG Human Rights Watch (HRW) de "inhumanas e insostenibles". En un comunicado, la HRW criticó duramente al gobierno de Orbán por la situación en la que mantiene a los internados en esos centros, a los que llegan tras una larga y penosa travesía en su huida de la guerra y los conflictos en países como Siria, Irak o Afganistán. Entre otros, citó a refugiados del centro de Röszke, junto a la frontera con Serbia, que denunciaron la ausencia de asistencia médica incluso para personas con ataques cardíacos o convulsiones y recién nacidos con fiebre alta y vómitos.

Por otra parte, una activista austríaca ha filmado un vídeo clandestino en el que muestra las condiciones "inhumanas" del campo de Röszke, en el que los inmigrantes son tratados como "animales". La activista Michaela Spritzendorfer acudió con un grupo de amigos el pasado miércoles a ese centro para entregar alimentos, ropa y medicinas que habían reunido para los refugiados.

En las imágenes se observa a los policías húngaros, algunos con cascos antidisturbios y mascarillas sanitarias, arrojar bocadillos a varias decenas de personas de forma aleatoria, con mujeres y niños observando la situación mientras una multitud de hombres lucha por alcanzar la comida. Los reunidos hacen gestos con las manos para atraer la atención de los policías y así conseguir que les lancen un bocadillo.