Hace tres años y siete meses comentábamos en El Imparcial el anuncio soberanista de Artur Mas como presidente autonómico de Cataluña. Lo anunció urbi et orbe en una entrevista publicada por Le Monde el 17 de febrero de 2012. Lamentaba en ella no contar con el apoyo suficiente para sus pretensiones. Los habitantes de Cataluña no son todos catalanes y muchos se sienten integrados en España.
Y hace veinte días pude comprobar en la avenida Meridiana de Barcelona, entre el 1 y el 9 de septiembre, que apenas había banderas autonómicas y esteladas en los balcones del recorrido que, dos días después, con motivo de la Diada, era un trigal ondeado por el viento de la independencia. Ni allí ni en otras calles célebres de Barcelona lucían banderas abundantes las barandas y alféizares de las balconadas. Pude ver algunas más, pero también esparcidas, en zonas limítrofes de barrios y por el centro de la urbe. Se sabía, sin embargo, que el día 11 de febrero habría en la Meridiana flameo ingente y enarbolado de enseñas.
Entre las dos fechas, febrero de 2012 y septiembre de 2015, el apoyo soberanista se triplicó. Sigue siendo minucia frente a los cinco siglos de convivencia española. Y si deducimos el efecto mediático, el apoyo versátil y el giro venal que la propaganda y coacción política imponen, el eco se reduce y la hinchazón de la marea baja. Aun así, sería absurdo negar el impacto de la masa civil que pretende independizar a Cataluña de España. Estaríamos ciegos, con todo, si no advertimos la zapa que el gobierno autonómico labora entre funcionarios, medios sociales, instituciones y resto del pueblo catalán desde instancias del Estado español que aún representa. Pura paradoja y anomalía: aprovecharse del poder estatal constituido para minar, con sus recursos, al país entero, una comunidad histórica de las más arraigadas de Europa. Ningún estado europeo lo consentiría. El peso legal de la democracia cortaría de raíz y sin ambages el sectarismo. Quien quisiera esgrimir y hacer valer sus argumentos secuaces, tendría que hacerlo desde el ordenamiento legal establecido, pero no bajo el juramento constitucional realizado ni desde sus esquinas o intersticios legales. Ninguna ley ni ejercicio de Derecho puede dejar intervalos vacíos en un país democráticamente organizado. Y menos aún si existe un jefe de Estado. Lo contrario es prevaricación, fe traicionada y desvarío. Pretender una secesión nacional pasándole el paño de las instituciones al gobierno de turno por las narices del voto instigado con medios aparentemente legales, insulta a la inteligencia de cualquier ciudadano maduro. Es un atentado contra el sistema político de todo país libre y democrático.
Solo la indolencia, dejadez y pasotismo social pueden explicar el incremento en tres años y siete meses del independentismo catalán. Pasó de un catorce o quince a un cuarenta y cinco por ciento aproximado en tan corto período de tiempo. Hay que restarle, como decimos, el engolamiento y venalidad producida por el discurso oficial, cuyos agentes actúan, según algunos observadores, con presión casi policiaca. Es notable el silencio suspendido en el aire o el soslayo del foco de conversación si se pregunta a catalanes más o menos próximos en el trabajo, encuentros fortuitos, bares, y por simple curiosidad, sobre el alcance real del independentismo. Sobrevuela cierto tabú sobre las miradas y preguntas. La gente sopesa puertas adentro un “a ver qué pasa” o dice, escorada: “Bueno, veamos qué consigue este grupo de políticos”. Ya se removían en la Universidad, hace años, comentan otros. Sin embargo, bastantes taxistas, empleados de comercio, restaurantes, servicios, se sienten más abiertos y extrañan el empeño de la aventura.
La zanja abierta en el discurso político consiguió introducir una brecha semántica entre Cataluña y España. Es el mayor logro del gobierno catalán. Cataluña suena por libre respecto de España. Televisiones, radios, prensa, debates, olvidan a menudo añadir la expresión “y el resto de España”, o “del país”, cuando citan a catalanes y españoles conjuntamente. Artur Mas ha conseguido ahondar esta división nominativa y ante la indiferencia de los demás políticos estatales.
Perdemos fuelle en España y Europa. Las causas son múltiples. Proyectan, resumidas, un espectro de vacío generacional enorme. Y esto a pesar de la democracia. Hay gestos, decisiones institucionales empeñadas en suspender como polvo nebuloso la realidad histórica. Sorprenden incluso poses políticas de baile festivo al inaugurar la campaña electoral, como restándole importancia a lo que sucede, o soltando lastre. Lo lógico sería establecer un pacto de Estado que diera confianza a los ciudadanos.
La razón sectaria más esgrimida es el dinero. Y sobra, pues corre a raudales por manos usureras, corruptas y ladronas. El dinero acumulado y fraudulento requiere más poder institucional y económico para administrarlo libre de cortapisas y de leyes subsidiarias. Y para obviar las acusaciones ante los juzgados. El ejercicio de la política encubre el lodo del agio, la simulación, y tergiversa el noble estímulo de valores tradicionales —lengua, cultura e historia—, así como el futuro que de ellos se desprende. Avanzamos en Europa vaciándonos de España. Algo impensable en cualquier país de la Unión Europea. Y el contraste de forma y contenido, que son una misma sustancia de fondo, afecta al cerebro.
La pretendida secesión de Barcelona atenta también contra Europa y debilita el proceso de convergencia iniciado. Quiere encubrirse el tema desde ciertos sectores políticos, y para atraer voluntades, contraponiendo los sistemas monárquico y republicano. España tendría, en tal supuesto, un débito político con la Europa moderna. Y en oposición a su pasado histórico imperial, del que intentan liberarse secesionistas y grupos de partidos oficiales. La aventura catalana sería un modo de forzar la tercera República con un cambio de Constitución y régimen territorial. Rota la unidad de España, ya no tendría sentido nombrar Reino al Estado español, pues a este título lo fundamenta y ampara la unión nacional que garantiza la Monarquía. La soñada República sería federal o confederada, aunque el primer supuesto tampoco convence a los catalanes sectarios. Prefieren la confederación, más próxima y favorable al reclamo de una independencia futura. ¿O tendríamos, como esbocé en otro artículo de EI, la primera República monárquica, viceversa, la primera Corona republicana, el salto metafórico de la Historia? Y entonces, ¿para qué tanto revuelo?
Es hora de la gran política. Diálogo de Estado, sí, pero no contra el Estado mismo. Ni a espaldas de los ciudadanos, jugando con su fe política. Y si se pretende forzar otro orden europeo desde España, sobran ensayos y experimentos. Siempre nos han traído desgracia, pobreza y atraso.