Sábado 26 de septiembre de 2015
La marca automovilística Volkswagen está en el centro de todas las miradas por la introducción de un elemento que distorsiona el registro de las emisiones de óxido y dióxido de nitrógeno en los motores diesel. No es la primera marca que lo hace, pero la escala en que lo ha hecho ha convertido este engaño en la causa de la mayor crisis que ha vivido la marca desde su creación, en la Alemania de los años 30'. Su cotización en Bolsa se ha desplomado y la empresa ha pasado de liderar las ventas en todo el mundo, superando a la poderosísima Toyota, a buscar una estrategia para evitar la desaparición.
El terremoto Volkswagen ha tenido réplicas en todo el sector automovilístico y en la política alemana. Es un asunto importante y, a la vez, muy ilustrativo. La compañía germana falsificó el registro de las emisiones de gases para poder cumplir los requisitos impuestos por la agencia medioambiental estadounidense, la EPA. Nada disculpa el engaño de Volkswagen. Es grave que falsifique los registros ante una administración, pero más grave aún es que lo haga ante sus clientes, que han comprado millones de vehículos en unas condiciones que no son las pactadas. Pero también es cierto que se ha vuelto a poner de manifiesto que las agencias burocráticas no pueden modelar la realidad a base de regulaciones y que cuando se imponen premios o costes por adoptar un determinado comportamiento, se crean los incentivos para el fraude. El fraude, en definitiva, es el fruto natural de la regulación. Y no es la Administración la perjudicada, sino los clientes a los que dice servir.
No sólo la Administración no sale perjudicada, sino que cuando una empresa, en este caso Volkswagen, cae en el fraude que la propia EPA ha propiciado con su política de regulaciones, puede imponerle multas de cantidades mareantes, que engordan los fondos que maneja la propia EPA, debilitan a la marca, sin favorecen de forma directa a los consumidores. Ahora, el mayor problema para Volkswagen puede ser perder la confianza de sus consumidores. Porque si las multas pueden restarle capital a la compañía, el abandono del favor de los compradores es una sentencia que puede resultar definitiva.