Tras la declaración de un pacto para conseguir un estado catalán independendiente, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy ha realizado una solemne declaración instucional desde Moncloa, en la que ha asegurado que utilizará todos los medios a su alcance para detener a los secesionistas. "No van a lograr ninguno de sus objetivos", ha dicho Rajoy, la resolución parlamentaria "no surtirá ninguno de sus efectos", ya que "tienen en frente a la Ley y a un Gobierno dispuesto a hacerla valer". El presidente ha querido transmitir un tono de especial dureza. Ha dicho que se considera un político dialogante pero, en esta ocasión se trata de la defensa de su país, algo que hará con "firmeza, determinación y los intrumentos que otorga la Ley".
El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, ha advertido de que pondrá en marcha todas las
medidas políticas y jurídicas en defensa de la soberanía del pueblo español si llega a aprobarse la propuesta de
Juntos por el Sí y
la CUP que declara el inicio del proceso de
creación de la república catalana.
Así lo ha anunciado Rajoy en una comparecencia institucional poco después de que Juntos por el Sí y la CUP hayan anunciado esa iniciativa que, según el presidente, es un
"acto de provocación" de quienes "pretenden saltarse la ley porque saben que la ley no esta de su parte", que
no "surtirá ni uno sólo de sus efectos".
Rajoy ha garantizado que, mientras siga al frente del Gobierno,
España seguirá siendo una "nación de ciudadanos libres e iguales" y la Justicia prevalecerá sobre "la sinrazón" y "todos" estarán sometidos a la ley y a las resoluciones de los tribunales.
El jefe del Ejecutivo ha recalcado que la propuesta de resolución de Juntos por el Sí y la CUP es contraria a la Constitución, a las leyes, al sentir mayoritario de los catalanes y a la voluntad democrática de todos los españoles.
"El Gobierno que presido garantiza y garantizará que no van a lograr ninguno de sus objetivos y que esta propuesta de resolución en el caso de ser aprobada por el Parlamento catalán no surtirá ni uno solo de sus efectos", ha avisado.
Asimismo, ha avanzado que el Estado no renunciará al uso de "todos los mecanismos políticos y jurídicos en defensa de la soberanía del pueblo español y del interés general de los españoles". "Quienes quieran separar y dividir a Cataluña de España deben saber que no lo van a lograr", ha recalcado.
Por último, se ha mostrado "a favor" del diálogo y la moderación, si bien ha añadido que siempre defenderá "con firmeza, determinación y con los instrumentos que da la ley" a España y a los españoles, así como "la democracia y la convivencia armónica y solidaria" entre todos los pueblos porque es su "responsabilidad".
Preguntado por las medidas concretas que adoptará para hacer cumplir la ley, Rajoy ha recordado la
última reforma del TC aprobada al final de la legislatura para dotar al Alto Tribunal de los "medios eficientes" para actuar en este tipo de situaciones.
La reforma impulsada por el PP da al Constitucional competencias para hacer cumplir sus resoluciones y sancionar a los cargos públicos que las incumplan. "Con los instrumentos del TC y con todos los instrumentos que nos da la Constitución, yo garantizo que eso que se dice en esa propuesta de resolución no va a surtir efecto alguno", ha concluido el presidente.
Pacto para romper con España
Los grupos de Juntos por el Sí (JxS) y la CUP han pactado una propuesta de resolución parlamentaria en la que
se declara "solemnemente" el "inicio del proceso de creación del estado catalán independiente en forma de
república", sin supeditarse a lo que pueda decir un
Tribunal Constitucional "deslegitimado".
Tras semanas de conversaciones discretas,
Jordi Turull y Marta Rovira (JxS) y
Antonio Baños y Anna Gabriel (CUP) han firmado una propuesta de resolución que se tramitará por la
vía de urgencia, en la que se constata que el "mandato democrático" de las elecciones del 27 de septiembre avalan el proyecto independentista.
La resolución prevé que en un
plazo máximo de 30 días se inicie la tramitación de las
"leyes de proceso constituyente, de seguridad social y de hacienda pública", que deben servir para poner las bases de estructuras de Estado imprescindibles para la "desconexión democrática" de Cataluña con respecto al conjunto de España.