Cataluña: rebelión e impunidad

El nuevo esperpento llevado a cabo ayer en el Parlament revela hasta qué punto el nacionalismo catalán rebasa los límites de lo impresentable. En esta ocasión el precepto vulnerado está contenido en “su” Estatut: el conato de reunión de portavoces parlamentarios de ayer es nulo de pleno derecho al no estar constituidos todos los grupos de la cámara. Sin embargo, Carmen Forcadell siguió adelante con el guión establecido, en un claro intento de congraciarse con la CUP.

PP, PSOE, Ciudadanos y Cataluña sí se Puede -marca blanca de Podemos- pedirán amparo al Constitucional, que es justo lo que esperan desde Juntos por el Sí para rebelarse una vez más. La ley es muy clara a este respecto. El artículo 472.5º del Código Penal dispone que serán reos de rebelión aquellos que “declaren la independencia de una parte del territorio nacional”, llevando aparejadas penas que van desde los quince a veinticinco años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo para los responsables principales a prisión de cinco a diez años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años para los cooperadores.

Si a ello unimos otras figuras delictivas como las de desacato o prevaricación, las consecuencias serían aún más graves. Y ése es precisamente el problema: los nacionalistas catalanes llevan demasiado tiempo atropellando al estado de derecho con total impunidad. Y ya va siendo hora de que empiecen a afrontar la responsabilidad de sus actuaciones.