La Fiscalía ordena a las FFSS, incluidos los Mossos, actuar

Pide que actúen si en el proceso catalán se produjera un delito de sedición, ya que encajaría dentro de los "delitos contra la forma de Gobierno".

En una instrucción librada el pasado jueves, el fiscal Javier Zaragoza afirma que la Audiencia Nacional sería competente para actuar contra las personas no aforadas, con lo que quedarían fuera los diputados autonómicos y los miembros del Consejo de Gobierno de la Generalidad, que serían investigados en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y, en su caso, el Supremo. De esta manera, esta resolución sí afectaría a los restantes partícipes en los actos independentistas, como podrían ser "otras autoridades, funcionarios públicos o particulares".

La Audiencia Nacional podría ejercer su competencia en este caso si se ejecutan "actos constitutivos de rebelión y sedición cuando la finalidad o el propósito de los mismos sea cambiar ilegalmente la organización territorial del Estado y declarar la independencia de una parte del territorio nacional, en el caso en cuestión de la Comunidad Autónoma de Cataluña".

Según Zaragoza, los actos que persigan ese fin violan la Constitución porque "se ejecutan con el propósito de cambiar ilegalmente la organización del Estado" y las fuerzas de seguridad deberán actuar desde el momento en que el Tribunal Constitucional invalide la resolución independentista aprobada ayer en el Parlamento catalán, ya que solo entonces quedaría certificada su ilegalidad.

Este delito de sedición -penado con entre 10 y 15 años de prisión- podría conllevar también, avisa el fiscal jefe, los de prevaricación, desobediencia, usurpación de atribuciones y el uso indebido de fondos públicos, que serían competencia de la Audiencia Nacional como delitos conexos. Además, Zaragoza recuerda que en el caso del delito de sedición se sanciona asimismo "la conspiración, la proposición y la provocación" para cometerlo, y añade que no es necesario que se emplee "fuerza o violencia" para incurrir en él, sino solo el hecho de "impedir la aplicación de las leyes y el normal funcionamiento de las instituciones".

El fiscal jefe menciona en el escrito, de once páginas, otros delitos contra las instituciones del Estado -competencia de la Audiencia Nacional- que "presumiblemente pueden ser cometidos en el curso de este ilegal proceso independentista", como invadir con fuerza la Asamblea Legislativa, alterar su funcionamiento e impedir a sus miembros acudir a sus sesiones. Similares casos ocurrirían si se injuria, se amenaza o se invade de forma violencia instituciones como el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, el Tribunal Constitucional, el Supremo o el CGPJ, o a las propias fuerzas de seguridad del Estado.

Así, el fiscal jefe ordena a las distintas fuerzas de seguridad del Estado y a los Mossos que si conocen de algún hecho delictivo elaboren un informe o atestado con los datos de "ejecución, autoría, participación, circunstancias concurrentes" y lo remitan a los juzgados de instrucción de la Audiencia Nacional. Además, les manda practicar "las diligencias necesarias para acreditar los hechos delictivos y determinar las responsabilidades penales exigibles".

Concretamente, se dirige al secretario de Estado de Seguridad, a la delegada del Gobierno en Cataluña, al comisario general de Información de la Policía Nacional, al jefe superior de la Policía de Cataluña, al general jefe del Servicio de Información de la Guardia Civil, al general jefe de la Séptima Zona de la Guardia Civil, el director general de la Policía de la Generalitat y al comisario general de los Mossos.

Los Mossos piden quedarse al margen

Algunos sectores de los Mossos d'Esquadra ven con preocupación la orden de la Fiscalía, mientras están a la espera de recibir directrices de sus mandos y exigen quedar al margen de disputas políticas. Según han informado a Efe fuentes policiales, en el seno de las bases de los Mossos d'Esquadra se ha recibido con preocupación y desazón esta orden, de la que la mayoría de agentes se han enterado por la prensa, ya que hasta el momento no han recibido ningún tipo de directriz al respecto por parte de la consellería de Interior ni de la cúpula de la policía catalana.

El conseller de Interior, Jordi Jané, ha declinado valorar públicamente la resolución de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, ante la que tampoco se han querido posicionar el director de los Mossos d'Esquadra, Albert Batlle. Sin embargo, fuentes de la policía catalana consultadas por Efe han remarcado que los Mossos d'Esquadra cumplirán y harán cumplir la ley, como hacen siempre, aunque han lamentado que se les utilice en batallas políticas, desde todos los lados enfrentados, para tratar de erosionar al adversario. Las fuentes consultadas han señalado que, por el momento, los agentes no han recibido ninguna instrucción por parte de los mandos de la policía catalana sobre cómo les afecta en su labor diaria la resolución de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

El portavoz de SAP-UGT, Valentín Anadón, ha indicado a Efe que la policía es "absolutamente neutral y apolítica", por lo que, como cuerpo policial, no tienen ningún posicionamiento político y se limitan a respetar y hacer respetar la ley. Anadón ha pedido que se deje a los Mossos d'Esquadra "al margen" del enfrentamiento político y ha reclamado a los representantes de los partidos y de las instituciones que solventen la actual situación de desencuentro negociando políticamente y no "traspasando el problema a la policía".

Por su parte, el portavoz del Sindicato de Policías de Cataluña (SPC), David Miquel, ha situado la resolución de la Fiscalía en un contexto de "normalidad", ya que se trata a su entender de un "recordatorio" para saber cómo actuar si se incumple una eventual suspensión por parte del Tribunal Constitucional de la resolución de ruptura aprobada ayer por el Parlament. David Miquel ha recordado que, en su quehacer diario, los Mossos comunican cualquier delito a la Fiscalía, aunque ha reconocido que en este caso se le da mayor trascendencia debido a la importancia política del actual proceso que vive Cataluña.

El portavoz del Sindicato de Mossos d'Esquadra (SME), Toni Castejón, ha insistido que los agentes de la policía catalana son "ejecutores de las leyes en vigor" y ha recordado que el pasado año, cuando afrontaron una situación parecida con motivo de la consulta soberanista del 9N, ya advirtieron de que se limitan a obedecer órdenes para hacer cumplir la ley. En cualquier caso, Castejón ha reclamado a la cúpula de los Mossos que les traslade órdenes claras.

En la misma línea, el portavoz del Colectiu Autònom de Treballadors (CAT), Jordi Costa, ha anunciado que en el Consejo de la Policía extraordinario convocado para el miércoles 18 de noviembre pedirán a la cúpula de la policía que dé directrices claras sobre cómo tienen que actuar los agentes para dar cumplimiento a esta resolución. Costa, que también ha pedido que los Mossos d'Esquadra queden al margen de la disputa política, ha dejado claro que los agentes de la policía catalana tienen que cumplir la ley y hacerla cumplir y que no pueden obedecer ninguna orden que sea ilegal.