Opinión

Tras las elecciones. Gobierno y cambio de Constitución

TRIBUNA

Juan José Solozábal | Martes 22 de diciembre de 2015

Las fuerzas políticas que han ganado las elecciones (PP) o que han resistido los duros desafíos más o menos airosamente (como el PSOE) pueden mostrar complacencia con los resultados, aunque no deberían. El PP ha sufrido una hemorragia impresionante, permitiendo a Ciudadanos que le dispute su espacio: así se demuestra que la política también va de ideas, pues las tragaderas sobre la corrupción tienen su tope; además la competencia económica no rinde como la derecha tiende a creer. La estrategia de Rajoy en Cataluña, tampoco ha funcionado: el factor tiempo no equivale a dejar pasar las cosas, como si los problemas se solucionasen solos: gobernar es ciertamente reaccionar, pero también anticiparse y prever: en suma, con frecuencia, sentido de la oportunidad y decisión. No sé si Rajoy es el líder adecuado para la derecha en los tiempos actuales, seguramente no puede protagonizar la reforma quien utiliza procedimientos tan tradicionales en la gestión política; y la lucha contra la corrupción no es creíble si está a cargo de quien encarna los defectos (también las virtudes) del viejo partido. Si se piensa que el PP es el partido que la derecha de este país necesita, debe tratarse de un partido vuelto literalmente del revés : en ese sentido la demanda reciente de Aznar reclamando un Congreso del PP, en su momento, no es discutible, aunque, es de suponer, la renovación pretendida no consista en repescar a los Rato y viejos amigos del antiguo Presidente.

Los resultados del PSOE son también decepcionantes y no tanto por lo que muestran (una pérdida de 20 escaños en el Congreso respecto de las últimas elecciones generales) como por lo que apuntan, me refiero al apoyo declinante en el voto de las ciudades y los sectores de la población joven. La respuesta de los socialistas al desafío de Podemos debe establecerse en términos ideológicos y no en estrategia comunicacional: si puedo ilustrar con un ejemplo lo que digo, me referiría a la reciente intervención del diputado Benn en la Cámara de los comunes británica, a propósito del internacionalismo del Partido laborista, calificando a los integrantes del Daesh como fascistas a los que , como ocurrió en la guerra de España o en la lucha contra el nazismo, habría que combatir (pueden verlo en Youtube: les auguro quince minutos irresistibles). No me imagino a Pedro Sánchez protagonizando una intervención de esta densidad, y sin embargo la solidaridad internacional, como la lucha por la igualdad, la escrupulosidad en la garantía de la imparcialidad de las instituciones, o una reforma de la Administración, que se puede ejemplificar en la de la Universidad, son argumentos con un potencial político muy grande que nuestra izquierda no se plantea como objetivos de regeneración política. El resultado, cuando se omite la disputa en el terreno de las ideas, es renunciar a la capacidad movilizadora de la ética, que la juventud y los sectores castigados por la crisis con toda razón no perdonan.

Lo preocupante, con todo, de la situación, es que la crisis política trasciende al plano interno de estos partidos, pues lo que muestran los resultados electorales es sin duda un grave riesgo para el sistema de nuestra organización política: son al menos noventa diputados los que cuestionan las mismas bases del edificio constitucional y los que demandan la apertura, lo reconozcan abiertamente o no, de un proceso constituyente, que se replantee drásticamente los fundamentos de nuestra Ley Suprema, comenzando por la radicación de la soberanía de la Comunidad y reformulando la definición del mapa territorial español. Puede que se considere que este problema no es el que inmediatamente tiene el sistema político que debe tratar de asegurar la formación de un nuevo Gobierno, incorporando nuevas maneras de comunicación y diálogo entre los sujetos políticos actuales, más numerosos y, por ello, con una capacidad superior de reflejar la pluralidad del electorado. Así, se ha destacado el horizonte europeo de las coaliciones y acuerdos entre los partidos del amplio espectro socialdemócrata, conservador y liberal (esta mañana lo hacía con su habitual sensatez Josep M. Colomer en un artículo de El País); alguna experiencia tenemos en nuestro sistema autonómico al respecto, especialmente en el caso vasco: acuerdos de gobierno en la época del lehendakari Ardanza y solo de apoyo de investidura en la época de Patxi López, o actualmente apoyo presupuestario de los socialistas al gobierno de Urkullu. Y diversas fórmulas se han practicado tras las elecciones autonómicas de este mismo año, por ejemplo, en Andalucía y la Comunidad de Madrid. Mi impresión es que una conveniente flexibilidad a la hora de investir o permitir la investidura del Gobierno, facilita el acuerdo en lo que realmente importa, que es la defensa del edificio constitucional. Huelga decir que la defensa del sistema constitucional no empece su modificación, pero una cosa es cambiar la Constitución, que se debe llevar a cabo culminando reformas institucionales que están a disposición del simple legislador, y otra cosa es cambiar de Constitución. O destruirla que es lo que algunos, demasiados, insensatamente pretenden.

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