Se trata de un gesto, solo de un gesto, no de un aspaviento. La opinión pública lo ha acogido con agrado; la opinión publicada en su inmensa mayoría también. Felipe VI ha respetado la Constitución de forma impecable. Y es seguro que su decisión de no recibir a Carme Forcadell ha sido debidamente respaldada por los poderes políticos tal y como exige el normal funcionamiento de la Monarquía parlamentaria.
Un sector de la clase política catalana se mueve en las fronteras de la sedición. El PP, el PSOE y Ciudadanos, es decir la inmensa mayoría del voto popular y de la representación de la soberanía nacional en el Congreso de los Diputados y en el Senado, han acordado públicamente que exigirán a todos el cumplimiento exacto de lo que establece la Constitución.
Felipe VI no ha entorpecido que el nuevo presidente de la Generalidad, Carlos Puigdemont, se incorpore con normalidad a su cargo. Solo ha hecho un gesto. Solicitar por escrito el trámite que a la Jefatura del Estado corresponde en lugar de recibir de forma personal a la presidenta del Parlamento catalán. Ha hecho bien el Rey. Ha canalizado con su actitud la posición del pueblo español porque, después de cinco siglos de Historia unida y conforme al artículo 168 de la Constitución, corresponde a la totalidad de los españoles, libres e iguales ante la ley, el derecho a decidir sobre una parte del territorio nacional.
A ningún gobernante serio, sea cual sea su ideología, le debe temblar el pulso para obligar al cumplimiento de la Constitución, con todos los recursos que permite el Estado de Derecho.