La famosa frase de Jorge de Santayana que decía que quien no conoce su historia está condenado a repetirla es hoy un tópico. Todos estamos de acuerdo con ella. Y, sin embargo, se queda en eso, en un lugar común porque no creemos con fe viva en el sentido último de lo que señala. Un ejemplo de ello lo encontramos en cómo se está abordando en estos días la manoseada idea de la reforma electoral. La gran mayoría de las personas dan por hecho que es una ley injusta y que hay que modificarla para que todos los votos valgan lo mismo. Lo difícil es dar con alguien que, atento a la historicidad de todo lo humano, se cuestione por qué se aprobó en su día, qué ha sido lo que ha fallado y qué se podría mejorar.
Veamos, pues, si la historia nos da algunas respuestas a esas preguntas. Para ello, hay que partir de la idea de lo que es una democracia liberal. Nuestro régimen político, decía Ortega, a diferencia de la oclocracia o tiranía de las mayorías, es la forma política que encarna la más alta voluntad de convivencia. Tal es así que lleva al extremo la resolución de contar con el prójimo, de tal manera que la mayoría, que es aquella que cuenta con el poder público, y por tanto la que impera, se limita a sí misma dejando un hueco en el Estado a las minorías. Así, los parlamentos se componen de la mayoría que gobierna y unas minorías que controlan su actuación e intentan convencer a los ciudadanos de que sus ideas son mejores.
Desde ese punto de partida, los sistemas electorales tienen como misión conjugar una serie de elementos como la circunscripción, la fórmula matemática, los tipos de listas o la barrera legal entre otros, para traducir los escaños en votos. Ahora bien, lo más importante a la hora de entender los sistemas electorales es que todos ellos se mueven en torno a una doble tensión. Por una parte, atienden a la proporcionalidad del voto, es decir, a que todas las fuerzas estén representadas en el parlamento en la misma medida en que son votadas por los ciudadanos. Por otra, los sistemas electorales atienden a la gobernabilidad y la eficacia para que, una vez realizada la votación y distribuidos los escaños, pueda constituirse un gobierno estable que consiga sacar adelante las iniciativas de la mayoría.
Todos los sistemas electorales se sitúan en algún punto entre la representatividad y la gobernabilidad. Algunos, como el Knesset israelí, apuestan extremadamente por la representatividad, lo que ha llevado a que tengan muchas crisis institucionales. Otros, ponen el acento en la gobernabilidad como es el caso de Gran Bretaña, en detrimento de la atención y respeto de las minorías.
Para crear los sistemas institucionales hay una técnica que se denomina ingeniería institucional, que busca gestar un orden entre todos los elementos antes citados y la circunstancia concreta de cada país, de tal manera que se consiga un equilibrio entre la gobernabilidad y la proporcionalidad. Esa técnica se ha ido volviendo cada vez más refinada a medida que se ha aprendido de los errores históricos previos. Antes de la Segunda Guerra Mundial existían regímenes parlamentarios en Europa en los que el ejecutivo tenía muy poco poder frente al parlamento, por lo que no conseguían sacar adelante políticas y eran sumamente inestables. Es decir, un exceso de proporcionalidad llevó a una falta de gobernabilidad. La democracia liberal, que nació con la generosa pretensión de contar con las minorías, se vio paradójicamente asaltada por ellas cuando decidieron imponer sus puntos de vista al resto del cuerpo social. Por eso, tras la Segunda Guerra Mundial, la ingeniería electoral dirigió un proceso de racionalización de los sistemas políticos para limitar el poder de las minorías en favor del ejecutivo, y dentro del ejecutivo, en concreto, del presidente del gobierno. Con ello se conseguía que las minorías tuvieran representación sin convertirse en “pinzas” de las mayorías.
En la España de la Transición, al construirse el orden democrático, se tuvo en cuenta la técnica de ingeniería electoral y el proceso de racionalización que se había llevado a cabo en otros lugares de Europa. Por eso, se buscó que hubiera representatividad pero que, a su vez, ésta estuviera supeditada a la gobernabilidad. Una vez más se atendía a la idea de que en la democracia liberal se dejaba espacio a las minorías, pero con un gobierno de las mayorías. Así, nuestro sistema favorece a los partidos más grandes que encuentran representación en todo el territorio nacional. También cuenta con listas cerradas y bloqueadas para aplicar la disciplina de partido y con ella alcanzar una mayor cohesión en el voto, es decir, una mayor unidad dentro de los partidos que facilite la estabilidad. Esta decisión responde, a su vez, a la idea apuntada por autores como Madison o Burke, por la cual al político lo eligen los ciudadanos de una región determinada, pero después ya no tiene que velar sólo por los intereses de éstos, sino por el bien de todos los ciudadanos.
En busca de la gobernabilidad, se escogió, además de entre tantos otros elementos, un sistema electoral que sobredimensiona el valor del voto del campo, en donde, además de haber menos población, la intención del voto es más perdurable, frente al de la ciudad. Todo ello con el fin de favorecer a los partidos grandes y con ellos, la estabilidad.
Ahora bien, la Transición, por mucho que hoy se diga lo contrario, fue un proceso de acuerdos entre las distintas fuerzas españolas. Esto llevó a que, para dar voz a la sensibilidad nacionalista, se eligiera un sistema electoral que privilegiaba su voto frente al de otras minorías que, al estar repartidas por todo el territorio nacional, conseguían menos representación parlamentaria.
Esa desigualdad en el punto de partida ha llevado a que, en muchas ocasiones, los partidos nacionalistas hayan hecho prevalecer sus intereses, no sólo por encima de los del resto de las minorías sino también de todo el conjunto de los españoles. Hasta que ha llegado un punto en que eso no les ha parecido suficiente y, entonces, se han unido a otras minorías, con el fin de imponerse al resto de la sociedad civil. Esa es la razón por la que Podemos obliga al resto de los partidos que quieran hacer coalición con él a que acaten el derecho de autodeterminación de las Comunidades Autónomas. A ellos les beneficia modificar el sistema electoral para hacerlo más representativo, porque tienen a sus votantes distribuidos por todo el territorio nacional pero, a su vez, para conseguir un número de votos suficiente, como son minoría, han tenido que pactar con los nacionalistas. Ahora bien, a los nacionalistas les favorece el sistema actual, al no ser que consigan la independencia. Nos encontramos, entonces, con que Podemos y los nacionalistas sólo velan por sus intereses partidistas y por acaparar el poder, y dejan completamente de lado el fin por el que concurren a las elecciones, que es el de promover el bien de todos los ciudadanos. Se hace evidente, también, como una vez más, las minorías se están imponiendo a la mayoría, que es a la que le corresponde legítimamente el poder público.
De todo ello pueden extraerse tres conclusiones claras. Por una parte, la loable idea de modificar la ley electoral para hacer los votos más representativos y escuchar a las minorías sólo tiene sentido si estas, mientras sean tales, no intentan imponerse a las mayorías haciendo prevalecer sus intereses partidistas al interés general. Por otra, la única manera de salir de la encerrona a la que nos tienen sometidos Podemos y los nacionalistas es que la sociedad civil condene su tiranía y apueste por recuperar el sentido auténtico de la convivencia. En tercer y último lugar, ningún sistema electoral puede mantener viva la democracia si previamente los ciudadanos no asumen que en esta bella forma de gobierno se cuenta con las minorías pero decreta la mayoría.