La Generalidad se retira de siete causas contra activistas. EL IMPARCIAL
A una semana de la investidura de Carles Puigdemont al frente del nuevo Gobierno de Cataluña, los detalles del acuerdo entre Juntos por el Sí y la CUP para evitar unas nuevas elecciones, en el que parece que
Artur Mas era sólo la punta del iceberg. Según publicó este lunes el diario
Ara, la
retirada de la Generalidad de siete procesos judiciales en los que están
imputadas 40 personas responde a uno de los requisitos de la CUP para facilitar la investidura.
La propia consejera de Presidencia,
Neus Munté, garantizaba la "predisposición" del 'Govern' a retirarse de estos siente procesos contra activistas, entre los que figuran la protesta por la visita de Artur Mas a la Universidad de Gerona en 2011, los disturbios durante la huelga general del 29 de marzo de 2012, los choques por la huelga general del 14 de noviembre de 2012, la acción contra la línea de muy alta tensión de 2014 y la
manifestación contra el cierre de Can Vies. Munté ha justiciado que se retirarán de las causas "siempre y cuando no haya una lesión o un menosprecio de los funcionarios y los bienes públicos".
Desde la oposición, el portavoz parlamentario del PPC,
Enric Millo, ha avisado de que sería "gravísimo" que el acuerdo de investidura con la CUP, alcanzado después de "negociaciones en despachos oscuros", incluyera esta retirada como condición, ya que, a su entender, significaría que "
las acciones violentas van a estar permitidas en Cataluña". También se ha manifestado al respecto la portavoz de los socialistas catalanes,
Esther Niubó, quien ha instado a la Generalidad a explicar "caso por caso" si llega a retirarse de estos procesos judiciales y, además, a "cambio de qué".
Los socios de Gobierno, sin embargo, han apoyado la libertad de la Generalidad. El portavoz de ERC,
Sergi Sabrià, ha considerado "razonable" la "predisposición" del Govern, una decisión que su partido comparte, ya que en esas acciones "no hubo violencia".