El Gobierno catalán la mantiene amparándose en el 'Estatut'.
El
Consejo de Ministros ha decidido dar instrucciones para recurrir ante el Tribunal Constitucional las funciones de la
Consejería de Exteriores de la Generalidad de Cataluña y la comisión de estudios del Proceso Constituyente que se creará en el Parlamento catalán. La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado esta decisión del Ejecutivo, adoptada tras estudiar los correspondientes informes presentados por los ministros de Hacienda y Administraciones Públicas y de Justicia.
De este modo, el Ejecutivo impugnará el decreto que regula las atribuciones de la Consejería de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalidad en tanto que también está recurrida la ley de Acción Exterior catalana. La Consejería, dirigida por
Raül Romeva, es una de las principales novedades del Ejecutivo del president de la Generalitat, Carles Puigdemont.
El Consejo de Ministros también ha decidido recurrir la creación de la comisión de estudio del Proceso Constituyente en el Parlament catalán, aprobada el miércoles 20 de enero gracias al voto favorable de Las formaciones Juntos por el Sí, la CUP y Catalunya Sí Que Es Pot. Se trata de una comisión para abordar el "carácter y principios marco de un proceso constituyente en Cataluña", además de la "identificación de las reformas de cambio social, político y nacional que han de configurar dicho proceso".
Aunque inicialmente debía tener rango legislativo,
JxS y la CUP aceptaron rebajar la comisión a solo de estudio para contar con el apoyo de SíQueEsPot, eliminando además el término "Transición Nacional" del nombre de la misma.
La vicepresidenta del Gobierno ha explicado que aún no se ha decidido la fórmula para acudir al
TC, es decir, si se interpondrá un recurso de inconstitucionalidad o un conflicto de competencias entre administraciones. Respecto a la Consejería de Exteriores, Sáenz de Santamaría ha dicho que, con su creación, el Gobierno catalán desarrolla la Ley de Acción Exterior de la Generalitat que fue recurrida por el Ejecutivo ante el TC, que aún no ha sentenciado sobre el recurso. Lo que estudian los servicios jurídicos del Estado es la fórmula "para poner de manifiesto que se ha producido ese desarrollo" de la ley recurrida por el Gobierno.
Si no se tratara del desarrollo de esa ley, ha continuado la vicepresidenta, la fórmula para acudir al TC sería "clarísimamente" un conflicto de competencias pero como "hay un proceso abierto sobre la misma cuestión" y "trae causa de la anterior", se está estudiando. Respecto a la
comisión de estudios, la vicepresidenta ha señalado que la propuesta que se llevó a la Junta de Portavoces de la cámara autonómica fue una "comisión legislativa de proceso constituyente". En esa reunión, ha argumentado, el propio secretario general del Parlament advirtió que se trataba "clarísimamente" de una infracción de la sentencia del Tribunal Constitucional que prohibía abrir un proceso de esa naturaleza, por lo que "se transformó en comisión de estudios".
"Indudablemente, este Gobierno tiene que tener la suficiente agilidad y, también, prudencia, para evitar que lo que quería hacerse de una manera no acabe convirtiéndose en otra a través de otra fórmula", ha declarado Sáenz de Santamaría. El Gobierno, ha agregado, analizará "muy bien" "a qué se va a dedicar" la comisión de estudios "y cuál va a ser el futuro de las decisiones que ahí se adopten", con el objetivo de ver "si algunas cosas se hacen para evitar otras" mediante "un uso del derecho que tampoco está permitido". "Las cosas son lo que son y también lo que se persigue con ellas", ha subrayado.
Así, el Gobierno ha dado instrucciones a la Abogacía del Estado para que prepare la
fórmula procesal más adecuada para proceder a la interposición de los correspondientes recursos o conflictos de competencias ante el Tribunal Constitucional.
El Gobierno catalán responde
La consejera de la Presidencia, Neus Munté, ha asegurado que el Gobierno catalán piensa mantener la consejería de Asuntos Exteriores y continuar ejerciendo las competencias en este ámbito, con la
"tranquilidad absoluta" de que el 'Estatut' así lo ampara. Munté ha comparecido para reaccionar a la decisión del Consejo de Ministros de recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) las funciones de la consellería de Exteriores,
comandada por Raül Romeva, y la comisión de estudio del proceso constituyente que se pondrá en marcha en el Parlament.
Invocando el capítulo tercero del título quinto del '
Estatut', donde se recogen las competencias en "acción exterior de la Generalidad", Munté ha expresado su "pleno convencimiento" de que el Gobierno catalán está "haciendo las cosas bien hechas" y bajo el "amparo de la legalidad".
"Cataluña continuará ejerciendo sus competencias en Exteriores como hasta ahora", ha recalcado Munté, que ha eludido pronunciarse sobre si el Gobierno catalán acataría una eventual suspensión de la consejería de Exteriores si así lo determinara el TC.