El PP demandará a los condenados por corrupción y les pedirá daños y perjuicios.
El juez ha ordenado en la madrugrada de este jueves libertad provisional para el expresidente de la Diputación de Valencia
Alfonso Rus (con fianza de responsabilidad civil de dos millones de euros), los exvicepresidentes de la corporación provincial
Juan José Medina y
Máximo Caturla y el exalcalde de Genovés
Emilio Llopis.
Según informa el Tribunal Superior de Justicia valenciano, el juez no aprecia riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas en los cuatro ex altos cargos arrestados por amaño de contratos.
Asimismo, acuerda como medidas cautelares la obligación de que
comparezcan cada quince días en el juzgado, así como fianzas de dos millones de euros tanto para el expresidente como para el exvicepresidente Caturla, y de un millón para el también exalcalde de Moncada Medina y para Llopis.
Con esta medida, las veinticuatro personas detenidas el pasado martes en la operación Taula han quedado en libertad provisional, veintitrés de ellas con fianza de responsabilidad civil, y todas continúan como investigadas (imputadas) en la causa.
El fiscal pidió medidas cautelares para Rus y tres de sus colaboradoresEl fiscal había pedido
medidas cautelares para el expresidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial
Alfonso Rus, los exvicepresidentes de la corporación provincial Juan José Medina y Máximo Caturla y el exalcalde de Genovés Emilio Llopis, detenidos en la investigación del
caso Imelsa.El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, instructor del caso Imelsa, ha dictado en la noche de este jueves los autos que responden a la petición del fiscal sobre la situación personal en la que quedarán estos cuatro detenidos.
Según ha anunciado el Tribunal Superior de Justicia valenciano, el juez ha acordado libertad provisional para un técnico de la Diputación de Valencia (Salvador Deusa) y para cinco empresarios. Entre estos empresarios se encuentran el dueño de la agencia de comunicación Engloba, José Adolfo Vedri, y Javier Luján, presidente de Construcciones Luján y expresidente de la patronal FECOVAL.
El juez ha fijado fianzas de responsabilidad civil que oscilan entre los 200.000 y un millón de euros para el citado técnico de la Diputación y para cuatro de los empresarios que fueron detenidos, mientras que el quinto empresario queda en libertad provisional y sin fianza de responsabilidad civil.
En concreto, se establecen fianzas de responsabilidad civil de 200.000 euros para Deusa y un empresario, de 500.000 euros para otros dos empresarios y de un millón de euros para un cuarto empresario.
El TSJCV recuerda que las fianzas impuestas no son para eludir la prisión sino para garantizar el pago de responsabilidad civil en caso de condena. Los
interrogatorios a los 24 detenidos han concluido.Los delitos por los que está abierta la causa son contra la administración pública, entre ellos los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.