Martes 09 de febrero de 2016
Parece que Pedro Sánchez se siente muy ufano de su “Programa para un gobierno progresista y reformista” presentado ayer. Da la impresión de que el secretario general del PSOE piensa que el texto, dividido en siete puntos: economía, empleo, educación, desigualdad social, regeneración democrática y lucha contra la corrupción, política exterior y reforma de la Constitución, es poco menos que el bálsamo de Fierabrás con el que sumará para su investidura voluntades encontradas y traerá la solución a todos los problemas. Pedro Sánchez pretende que este documento sea la base de una negociación que le lleve directamente a La Moncloa. Un documento que, pese a sus pretensiones, resulta bastante inconcreto, pasa de puntillas por asuntos capitales como la respuesta al desafío secesionista, y se inclina más por una mentalidad de tierra quemada con la derogación de varias leyes aprobadas por el PP, como la reforma laboral y la Lomce, sin pararse a pensar que podría ser aprovechable. No parece muy positivo que cada nuevo Gobierno haga tabla rasa de lo anterior y menos quizá en cuestiones de esa transcendencia.
Pero, más allá del contenido específico del documento, llama la atención sus constantes apelaciones al consenso, refiriéndose, por ejemplo, a que habrá que alcanzar un pacto educativo con la comunidad en este ámbito y con todas las fuerzas políticas, y reclamando en general “generosidad y voluntad de diálogo” a todos los partidos, pues, se afirma que “la naturaleza y el alcance de las reformas que debemos emprender requerirán del concurso de todos y la atención de todos. Solo así será posible que la nueva etapa que ahora se inicia prolongue sus efectos durante decenios en beneficio de todos los ciudadanos de hoy y también de quienes nos suceden”. Y llama la atención no porque esa apelación al diálogo resulte reprobable, sino porque abre un abismo entre las intenciones y palabras del documento y los hechos, ya en el mero lanzamiento de ese “Programa”.
No deberíamos pasar por alto el “detalle” de que parece que en ese “todos” hay millones de excluidos. El PSOE ha enviado su documento a prácticamente todos los partidos. Entre ellos, naturalmente, a Podemos, pese a su ultimátum de que no negociará con el PSOE si este lo hace a la vez con Ciudadanos. Pero no se lo ha remitido al PP, con lo que se excluye no solo a esta formación en sí misma sino a los millones de votantes que la respaldan. Y, en el mismo caso de no enviárselo, se encuentran los secesionistas catalanes. Con lo que, además de la exclusión, se establece así una inaceptable equiparación entre un partido constitucionalista, que cuenta con el apoyo de millones de españoles, y quienes no persiguen otra cosa que la ruptura de España.
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