No es una buena idea suprimir las Diputaciones provinciales. Y no solo porque la consecución de este empeño no se logrará de ninguna de las maneras, pues con razón el Partido Popular se opondrá a una reforma constitucional que la hiciese posible, y así nos encontraremos sumidos en una batalla vana, sino porque tal supresión supone un acto de arbitrismo y frivolidad que la hace irrazonable. Como resulta obvio el ataque al gobierno de las provincias afecta directamente a estas, lo que en modo alguno es aceptable. No estoy argumentando desde el punto de vista constitucional, donde lo único que está asegurado es el mantenimiento de la configuración esencial de las diputaciones frente al legislador, que no puede, protegidas como están por una garantía institucional, ni suprimirlas ni vaciarlas de sus competencias y funciones. Me muevo en el plano de racionalidad que debe observar quien pretenda modificar la Constitución, arrancando de la misma una institución característica hasta ahora de nuestra organización territorial, nos movamos en el plano histórico, desde que las diputaciones fueron creadas tras la división provincial en el siglo XIX, o del mismo Estado Autonómico, que reconoce a las provincias como entidades locales.
La supresión de las diputaciones es un golpe a las provincias que no es admisible, si se piensa en la contribución de estas a la articulación del espacio territorial español. Las provincias no solo determinan el ámbito geográfico en el que se organiza el cumplimiento de las actividades del Estado, sino que son el primer espacio de consideración en que se desenvuelve la vida de los ciudadanos, más allá de los limites municipales. José Miguel de Azaola contrastaba la artificialidad de los departamentos franceses, y la naturalidad de nuestras provincias, contraponiendo la provincia francesa, que es una demarcación establecida con mentalidad de burócrata, dibujada con cartabón; y lo que es la provincia española, que, buena parte de los casos tiene una cierta identidad territorial que podría permitir basar sobre ella una propia vida política. La justificación de la vida local, en el nivel municipal o provincial, tiene que ver con la valoración de la democracia del detalle, donde los ciudadanos tienen la ocasión de llevar a cabo su autogobierno. Los ciudadanos participan en la gestión de sus intereses más cercanos, lo que les acostumbrará a la intervención activa en los espacios más amplios de su comunidad autónoma o su gobierno. Por lo demás la división territorial municipal o provincial no dejan de ser manifestaciones de lo que podríamos denominar federalismo interior que reposa en una división funcional del poder, que asegura mayor eficiencia en la gestión próxima de los asuntos de la vida local.
Afectar a los soportes de nuestro régimen local ha de ser denunciado con toda energía. España es su riqueza territorial que requiere de los instrumentos políticos que aseguren su protección. Ignorar a los municipios, proponiendo medidas arbitrarias sobre su agrupamiento o patrocinando su supresión; olvidar la asistencia material, técnica y de asesoramiento a los pequeños y medianos municipios de las diputaciones, es desconocer la realidad de nuestra vida política y actuar con una frivolidad asombrosa. Además es ir contra la propia Constitución que asume como uno de los valores superiores el pluralismo, del que es manifestación inesquivable el territorial. Por cierto que la reforma constitucional suprimiendo las diputaciones afectaría a la homogeneidad territorial, que no deja de ser una muestra de la igualdad de los españoles, que, a partir de la reforma diferirían entre sí según dispusiesen de esta estructura política, lo que ocurriría en los territorios forales y las islas, de algún modo también en las Comunidades Autónomas uniprovinciales cuyos gobiernos sustituyen a las diputaciones, pero no en el resto del Estado.
Se me dirá que nadie está pensando en prescindir de la vida local y que la supresión de las diputaciones no producirá la marginación de los municipios, sino por el contrario su mejor asistencia en preferibles condiciones de racionalidad técnica, evitando duplicidades y solapamientos y de paso eliminando la ocasión de dilapidar recursos empleados en el mantenimiento de puestos políticos sin justificación, con oportunidad única del clientelismo y la corrupción. Creo de verdad que estas argumentaciones son claramente ideológicas: las batallas por los nombres son muy importantes, por la gratificación simbólica que las denominaciones conllevan. No es indiferente que las diputaciones vascas lucharan durante todo el siglo XIX por mantener su calificativo genuino de forales, aunque se pudiese pensar que, se tratase de las corporaciones provinciales o las forales, la equiparación competencial era plena. Seguramente el mantenimiento del nombre de las diputaciones para designar los gobiernos de las provincias protegerá a éstas de posibles redefiniciones territoriales que alteren el equilibrio interno de la Comunidad a favor de los componentes más poderosos que tratarán, quizás en manifestación de nuevos centralismos, de imponer sus propios intereses sobre los de las provincias afectadas. No se hablará de diputaciones sino de agrupaciones de municipios, pues qué bien ¿Y para eso tanto alboroto? ¿Y qué se piensa hacer con los funcionarios que emplean? ¿Los trasladaremos a otros puestos y servicios?
Naturalmente que oponerse a la supresión de las diputaciones no quiere decir estar en contra, como ocurre con otras instituciones, de su racionalización y mejora, empezando por el aseguramiento escrupuloso de la profesionalidad de sus funcionarios, reclutados sin consideración partidista, y reducidos los órganos de dirección de la Corporación a lo que exija su mayor eficiencia. Procedamos entonces a la regeneración institucional de las diputaciones que implica sureconsideración y adaptación. Pero esto poco tiene que ver con la demanda de su supresión que exige una reforma constitucional, acometida, en este caso, con poco seso. Despoliticemos la reforma de la Ley Fundamental y operemos con prudencia. En este punto al menos de la modificación constitucional, sigamos el consejo de Edmund Burke que recordaba el maestro Eduardo García de Enterría. El filósofo recomendaba a quien quisiera hacer reformas “se acercase a los defectos del Estado, como se hace ante las heridas de un padre con un miedo respetuoso y una solicitud temblorosa”.