Tras el alarde de egoísmo de la clase política en las sesiones de investidura, se abren ocho semanas de negociaciones e intrigas. El asco que en el ciudadano medio producen algunos de nuestros dirigentes políticos ha llegado a su cima. Pedro Sánchez, Mariano Rajoy y Pablo Iglesias, en distintas gradaciones, han dado muestras claras de que anteponen los intereses personales o de partido a los de España. Albert Rivera se salva a medias.
Se desbocará ahora la caravana de las intrigas, de las conversaciones bajo cuerda, de la defensa de intereses inconfesables. Y si nadie encuentra una fórmula viable, el pueblo español se verá obligado a volver a las urnas y a pagar unas elecciones carísimas en las que los políticos despilfarrarán el dinero de los contribuyentes, porque las elecciones no las sufragan los partidos. A 90% son los ciudadanos los que pagan a través de un sistema casi confiscatorio de impuestos. Los políticos sangran a los contribuyentes hasta la hemorragia.
Mariano Rajoy quiere enderezar la situación a su favor pero solo tiene un 10% de probabilidades de éxito. Por el momento, no le quiere nadie. Ni siquiera cuenta con el voto de Coalición Canaria. Eso significa que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias podrían encaramarse en un Frente Progresista, que es como llaman al Frente Popular, en el que el líder socialista salvaría su pellejo personal y el podemita controlaría la situación, lo que podría concluir con lo que teme Felipe González: la fagocitación del PSOE a cargo de la voracidad de Podemos.
Piensan algunos que la alianza Sánchez-Iglesias es lo más probable que puede ocurrir en las próximas semanas. Sin embargo, son muchos los que creen inevitable unas nuevas elecciones en las que la coalición IU-Podemos relegará al PSOE a una tercera posición. Pablo Iglesias acaricia esa fórmula desde que las urnas del 20 de diciembre le encumbraron a muy pocos votos del Partido Socialista.