Con tal sentencia, el Tribunal Supremo de Justicia se erige en oráculo infalible y arbitrario del ordenamiento jurídico venezolano al margen del contrapeso de los demás poderes públicos y de la misma voluntad democrática, razón última ésta del sistema político-constitucional.
Se trata no sólo de un desconocimiento abierto a la soberanía popular, que el pasado 6 de diciembre dio una amplia mayoría a los sectores de la alternativa opositora democrática, sino también de una embestida ilegitima contra las instituciones democráticas y una alteración del orden constitucional.
El Grupo Ávila apoya los llamados realizados por instancias parlamentarias de otros países, líderes mundiales y la propia Asamblea Nacional, para que el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos active los mecanismos previstos en la Carta Democrática Interamericana, en función de las atribuciones que ella le confiere, con el fin de realizar una apreciación colectiva de la situación, promover la normalización de la institucionalidad democrática y lograr el respeto a la voluntad popular expresada en las elecciones parlamentarias de diciembre pasado.