BRASIL
Efe | Jueves 10 de marzo de 2016
Además, el Supremo carioca anuló el nombramiento del nuevo ministro de Justicia.
La Fiscalía de Sao Paulo acusó este miércoles al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva de ocultación de patrimonio y lavado de dinero supuestamente por haber recibido un apartamento de una constructora implicada en el caso de corrupción en Petrobras, informaron medios locales.
Lula fue interrogado el pasado viernes a orden de la Fiscalía Federal de Paraná en otro proceso relacionado con la investigación por corrupción en Petrobras. En la denuncia presentada este miércoles, según varios medios locales, el fiscal acusó a Lula de ocultar que es dueño de un apartamento de lujo en la localidad de Guarujá, en el litoral de Sao Paulo, que está al nombre de la constructora OAS, una de las investigadas en el caso Petrobras.
Lula ha negado en reiteradas ocasiones ser dueño de ese apartamento, así como de una finca rural en el municipio de Atibaia, también en Sao Paulo, que también está bajo investigación de la Fiscalía de Paraná.
La Fiscalía de Paraná, que ha centralizado las investigaciones del caso Petrobras, apunta que esas propiedades podrían estar relacionadas con el caso de corrupción en la petrolera y habrían sido usadas por las constructoras para disfrazar el pago de coimas.
La defensa de Lula solicitó al Tribunal Supremo que se pronuncie sobre el posible conflicto de competencias que, a su juicio, supone que dos cortes diferentes investiguen "los mismos hechos".
El pasado viernes, el juez Sergio Moro, de Paraná, ordenó a la Policía a interrogar a Lula en una comisaría, mientras que la Fiscalía anunció que cuenta con indicios "bastante significativos" de que Lula recibió beneficios y favores de las empresas implicadas en los desvíos de recursos de Petrobras.
El Supremo anula el nombramiento del nuevo ministro de Justicia de Brasil
La Corte Suprema de Brasil consideró este miércoles "inconstitucional" el nombramiento del nuevo ministro de Justicia, Wellington Lima, debido a que es miembro del Ministerio Público y eso le impide "expresamente" asumir funciones en el Gobierno.
La decisión del tribunal, tomada por diez votos a favor y solo uno en contra, en la práctica obliga a la presidenta Dilma Rousseff a buscar un nuevo ministro de Justicia, un cargo clave en momentos en que el país está sacudido por gravísimos escándalos de corrupción que salpican a decenas de políticos de la base oficialista.
La otra opción, según la corte, sería que Lima renuncie a su carrera en el Ministerio Público y después vuelva a hacerse cargo del Ministerio de Justicia, que en cualquier caso debería dejar vacante mientras eso se concreta.
La demanda contra el nombramiento fue presentada por el opositor Partido Popular Socialista (PPS) y tenía como antecedente una medida cautelar dictada el pasado viernes por un tribunal de Brasilia, que fue anulada por otro juzgado accionado por el Gobierno ese mismo día.
Lima asumió el cargo el pasado jueves en sustitución de José Eduardo Cardozo, quien renunció después de recibir duras críticas del oficialista Partido de los Trabajadores (PT) a la actuación de la Policía Federal, que depende de ese despacho, en la investigación de los escándalos de corrupción en la estatal Petrobras.
Tras la dimisión de Cardozo, Rousseff designó para ese cargo a Lima, abogado de 50 años y funcionario de carrera del Ministerio Público, que fue propuesto por el ministro de la Presidencia, Jaques Wagner.
Según el instructor del caso el Supremo, Gilmar Mendes, la Constitución "no deja lugar a dudas" y le prohíbe "expresamente" a los miembros del Ministerio Público asumir algún cargo en el Gobierno, sea nacional, regional o municipal. "Este es un caso que no quisiera juzgar. Hasta hice un esfuerzo en ese sentido, porque es un caso que avergüenza, pero no tenemos otra alternativa", declaró Mendes.
En ese marco, aseguró que "mientras no se rompe el vínculo con el Ministerio Público", el "veto" constitucional "persiste" y, en el caso específico de Lima, le impide asumir el cargo de ministro de Justicia.
La recomendación del juez instructor fue seguida a pie puntillas por diez de los miembros de la corte y solo tuvo un voto en contra, formulado por el magistrado Marco Aurelio de Mello, quien consideró que la demanda tenía un claro objetivo político. "Es una acción que tiene una dirección cierta: fulminar un acto del Ejecutivo Nacional" y "desgastar a la Presidencia" en medio de los embates políticos generados por la actual crisis, sostuvo.
De Mello argumentó que "la elección de un cuadro del Ministerio público para un cargo de la mayor importancia, como es el Ministerio de Justicia", no podría ser "transmutada" por el Supremo, sobre todo cuando el país está "frente a una crisis sin precedentes".
La posición del Gobierno fue defendida por el titular de la Abogacía General de la Unión, José Eduardo Cardozo, quien asumió ese cargo tras dejar el Ministerio de Justicia. En su primera aparición pública en su nuevo cargo, Cardozo alertó de que "muchos miembros del Ministerio Público ejercen cargos similares", como secretarios de seguridad de Gobiernos regionales, con lo cual "todos" deberán dejar sus funciones.
"Eso desarmará equipos, afectará las estructuras administrativas y perjudicará algo tan importante en los días de hoy como lo es la seguridad pública", sobre todo cuando Río de Janeiro será sede este año de los Juegos Olímpicos, apuntó.
En los casos de las administraciones regionales o municipales, la corte acordó otorgar un plazo veinte días para que "se adecúen" a la Constitución, pero aclaró que la decisión tiene "inmediata validez" para el ministro de Justicia.
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