El cambio de régimen, por Alejandro Muñoz-Alonso

La campaña contra Rajoy -iniciada el mismo día de las elecciones- impulsada, dirigida, animada y mantenida desde un par de medios de comunicación, ha ido, a lo largo de estos tres meses, cambiando de argumento a medida que se iba mostrando su inconsistencia y su falsedad. Empezaron con la descalificación personal, pura y simple, de Rajoy, como líder y hasta como persona, haciéndole objeto de todos los insultos y todas las zafiedades imaginables; sacaron después -al socaire de la extraña fuga de María San Gil- la cuestión de los principios, supuestamente traicionados por Rajoy: era de ver cómo ciertas personas, ajenas por completo a la organización del partido, se constituían en defensores de los principios del PP. Finalmente, y en una elaboración más completa de este último “argumento”, se proclamó que el Presidente del Partido Popular había asumido los planes de cambio de régimen propulsados por Zapatero desde 2004, aceptando el papel de sumisa oposición. Quienes han mantenido esta tesis no han aportado, por supuesto, ni una sola prueba que pudiera hacerla creíble. La patraña -porque no se puede denominar de otra manera semejante infundio- no era más que un caso de libro de esa peculiar tendencia a “construir la realidad” que practican determinados periodistas que han echado por el sumidero todas la reglas del oficio y las más elementales normas deontológicas. Todo ello al calor de esa conocida máxima del mal periodismo: Que la realidad no me estropee un buen reportaje... sobre todo si, por su carácter sensacional, escandaloso o picante, es susceptible de aumentar las ventas o incrementar la audiencia.

Ciertamente, durante la pasada legislatura Zapatero dio pasos inequívocos hacia un cambio de régimen, poniendo en marcha un proceso de revisionismo del sistema político de la Transición, de los consensos en que se basó y de su propia encarnadura jurídica que es la Constitución de 1978. El modelo de Estado autonómico sufrió el más duro ataque desde sus orígenes al dar el visto bueno al Estatuto de Cataluña de patentes aromas confederales y rupturistas. Los temas que se pusieron encima de la mesa en las negociaciones con ETA y la eventual aceptación del “derecho a decidir de los vascos” iban en la misma dirección. Y la malhadada ley de Memoria Histórica era otra manera de atacar a la legitimidad de 1978 y, entre líneas, un intento de enlazar con la supuesta legitimidad perdida de la II República.

Pero, salvo para los ciegos voluntarios, es evidente que durante esos cuatro años Rajoy y, con él, todo el PP hizo una sistemática y permanente oposición a estos planes, con argumentos que no han perdido su validez. En los últimos tiempos Rajoy ha denunciado con más insistencia la inacción del Gobierno ante la crisis económica, primero negada y después minimizada, por su incidencia en la vida cotidiana de los ciudadanos. Pero pertenece al género de la truculencia política más increíble e inadmisible afirmar que el PP y sus dirigentes están ahora a favor de un supuesto cambio de régimen que haría de España una laxa confederación de soberanías pactantes. Nadie se ha vuelto loco en el PP para renegar de su propia identidad y alienarse el capital político que representan sus millones de electores. Algo muy distinto son las cambiantes tácticas políticas, que cualquier partido que no quiera quedarse en puro ente testimonial, tiene que ir adaptando a las transformaciones que se producen en el paisaje político. En esas está ahora el PP y lo hará en sus órganos estatutarios y de acuerdo con sus procedimientos. Pero ese tuning, que dicen los anglosajones o “ajuste fino”, que algunos traducen por aquí, no tiene por qué suponer la revisión de unos principios que son las señas de identidad del partido y que no han cambiado, al menos desde el proceso de la refundación, va a hacer ya veinte años.

A los medios de comunicación les corresponde, desde luego, un papel esencial en estas democracias mediáticas, que son las de nuestra época. Suya es la crítica, incluida la más dura, de quienes actúan en el escenario político. Pero la crítica también tiene sus reglas que excluyen el insulto, la descalificación y la pretensión de dictar la agenda a quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones Hay, o debe haber, una frontera bien definida entre el periodismo y la política y las puertas de esta última están abiertas a todos pero lo que no se puede hacer es repicar y andar en la procesión.