El gobierno italiano reconoce que espía a los ciudadanos

En Italia, en un año, más de cien mil personas son interceptadas en sus llamadas telefónicas, frente a las 1.700 de EEUU, 2.300 de Suiza, 3.700 de Holanda, 5.500 de Gran Bretaña y 20.000 en Francia. Ha denunciado Alfano ante la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

Walter Veltroni, líder del Partido Demócrata, el más importante de la oposición, considera la propuesta de Berlusconi "equivocada y grave", aunque ha precisado que "no es aceptable" que todo acabe en los periódicos. Considera que un país democrático debe garantizar un doble derecho, el de los magistrados a tener todos los instrumentos para contrastar la criminalidad y el derecho de los ciudadanos a no ver sus nombres en la prensa hasta el momento del juicio. La Asociación italiana de Magistrados ha señalado este fin de semana que las escuchas telefónicas son insustituibles en la lucha contra el crimen, hoy el líder del partido Italia de los Valores. "Un secuestro o un hecho de corrupción de un funcionario no son menos graves. Se habla de castigar a los periodistas que escriben las noticias o al editor que la publica, pero antes tiene que ser castigado quien la filtra", afirmó Bianchieri en un comunicado.

Alfano también ha subrayado el coste de estas escuchas, que ha aumentado un 50 por ciento desde 2003 a 2006. Según datos del ministerio de Justicia, el pasado año fueron espiados telefónicamente 124.845 ciudadanos con un coste de 224 millones de euros. El ministro hizo esas manifestaciones para denunciar al "abuso" que se hacen de las escuchas telefónicas y lo que cuestan al Estado, a la vez que insistió en que las medidas que prepara el Gobierno no paralizarán la acción de la magistratura.

Berlusconi ha anunciado que el próximo consejo de ministros aprobará un procedimiento por el que se prohibirán las escuchas telefónicas, salvo en las investigaciones por mafia y terrorismo, con penas de cinco años de cárcel para quien las ordene fuera de esos supuestos, las realice o las difunda. La propuesta de Berlusconi ha sido acogida con cautela por la aliada Liga Norte, cuya responsable de Justicia, Carolina Lussana, dijo que se trata de un tema "delicado", ya que por un lado hay que salvaguardar los derechos de los ciudadanos y por otro garantizar a los magistrados el que pueden realizar sus investigaciones.