La crisis de los refugiados no es solo un asunto de política de inmigración sino de valores y principios de la Unión Europea. El destino de esos veinte mil seres humanos que languidecen en Idomeni, un lugar entre la frontera de Grecia y Macedonia, será la prueba de la vigencia del proyecto europeo más allá de la libre circulación de mercancías y capitales.
Sin duda, sería una irresponsabilidad establecer una política de fronteras abiertas cuyas consecuencias en materia de seguridad y cohesión social son imprevisibles. No es lo mismo integrar a miles de estos refugiados en una sociedad islámica que hacerlo en una que no lo es. Es absurdo cerrar los ojos ante la evidencia de las diferencias culturales que existen y las perturbaciones que podrían producirse sin cierta planificación realista de lo que puede hacerse. Los problemas de convivencia podrían desbordar a las autoridades locales de las ciudades europeas.
Sin embargo, la situación desesperada en que se encuentran esos refugiados y la inacción de las autoridades de la Unión es una traición a los principios que la inspiran. Después de más de cincuenta años de proyecto europeo -y tras la experiencia de la destrucción de Yugoslavia- ningún país europeo puede consentir que veinte mil personas estén expuestas a los elementos y las enfermedades en la frontera entre dos Estados.
La negociación con Turquía para las expulsiones en masa -cuyo preacuerdo se conoció el pasado 8 de marzo- es de dudosísima legalidad. En Occidente, eso debería tener alguna importancia. También es una improvisación muy peligrosa. El Consejo General de la Abogacía Española ya ha advertido de la vulneración del ordenamiento jurídico internacional y europeo. En particular, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea prohíbe expresamente, en el artículo 19.1, las expulsiones colectivas. Además, el artículo 19.2 impide la devolución, la expulsión o la extradición a un Estado en el que corra un grave riesgo de ser sometido a la pena de muerte, a tortura o a otras penas o tratos inhumanos o degradantes. Este segundo punto abre el debate sobre si Turquía es o no es un lugar seguro para los refugiados. Aquí hay que ser realistas: Turquía no es la Siria de Asad ni el Irán de los ayatolás ni el Afganistán de los talibán. Es un Estado que forma parte del Consejo de Europa y que acepta el sistema europeo de protección de los derechos humanos. El problema no es Turquía, pues, sino la política de expulsiones colectivas que no respeta el derecho de los potenciales solicitantes de asilo.
A esto se suma que Turquía recibe fondos por aceptar las devoluciones. A fin de cuentas, le bastará en el futuro dejar pasar a unos miles y después cobrar para aceptarlos en su territorio. No digo que vaya a ser necesariamente así. Sí creo que se sienta un precedente que puede ser muy problemático.
Según los datos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, entre los acampados en Idomeni hay mucha diversidad. Los hay que huyen del conflicto sirio y escapan tanto del ejército de Asad como del Estado Islámico. Ascienden a un 48%. De Irak, que también está en guerra, vienen un 17%. Hay gente que ha llegado desde Afganistán (un 26%), Irán (3%), Pakistán (3%) y otros países (3%). Así, podría decirse que, en realidad, del conflicto sirio-iraquí -el Estado Islámico opera en los dos países y lo que sucede en uno repercute en lo que pasa en el otro- hay un 65% de los refugiados. Por lo tanto, hay un 35% cuya consideración jurídica de refugiados podría ser dudosa, sin perjuicio de que pueda haber casos excepcionales. Pensemos, por ejemplo, en hombres homosexuales que corren riesgo de pena de muerte en Irán o en mujeres sometidas a acusaciones de adulterio en Irán o Pakistán. Por el contrario -y por mucho que nos duela- huir del hambre o la pobreza no es “per se” causa para el reconocimiento de la condición de refugiado. Las instituciones y las figuras jurídicas son lo que son y no lo que algunos políticos pretenden. Se paga así el precio de una política en inmigración titubeante, temerosa, improvisada y contradictoria.
La crisis de los refugiados se viene gestionando a base de ocurrencias, encuestas y reacciones afectivas. El dolor del drama de agosto llevó a Alemania a abrir sus fronteras y recibir a muchos con alimentos y abrazos sin mucha planificación. En un tiempo de políticas de imagen y redes sociales, nadie quería aparentar indolencia. Poco a poco, sin embargo, se fue produciendo un efecto de péndulo. El escándalo de las agresiones y los abusos sexuales en Colonia conmocionó a Europa. La mayoría de ellas no las cometieron refugiados sino residentes argelinos y marroquíes que llevaban años en el país. Sin embargo, el temor a los refugiados se instaló. Al temor, le siguió la indiferencia. Hoy, para vergüenza de Europa, la conmoción de cada informativo se resuelve cambiando de canal y enviando un tuit de escándalo. La pancarta del Ayuntamiento de Madrid que reza “Refugees welcome” da testimonio de unas semanas en las que había que sacarse una foto.
Es evidente que estas cosas no deben suceder en Europa, el continente donde nació la civilización occidental. Nadie que crea en la dignidad intrínseca de todo ser humano puede ver el drama de Idomeni sin sentirse conmovido en las entrañas. La tradición judeocristiana impone, desde el Éxodo, un deber de acoger y ayudar al extranjero “porque fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto”. La experiencia atroz de dos guerras mundiales -con sus millones de refugiados y desplazados-y de varios conflictos localizados (la guerra greco-turca de 1919-1922, las guerras balcánicas de 1912-1913, la destrucción de Yugoslavia entre 1991 y 1999) debería habernos enseñado algo. Este pasado nos impone a todos los europeos y, especialmente a los políticos que toman decisiones, la carga ineludible de decir la verdad a los ciudadanos -no lo que quieren oír en cada momento, sino lo que realmente sucede- y de buscar soluciones consistentes y legales.
Las sociedades europeas no son sociedades islámicas, aunque en ellas vivan millones de musulmanes. Sería una necedad soslayar lo obvio. La integración y la cohesión social peligrarían si se toman decisiones irresponsables e improvisadas. Sin duda, el islam se está transformando. Ahí está la reflexión que Malek Chebel y otros vienen haciendo sobre el islam en Europa. Lo mismo sucede en países islámicos como Marruecos, Argelia o Turquía. Esfuerzos de reflexión como los de Fatima Mernissi y Assia Djebar no han sido en vano. Ahora bien, el proceso de transformación de las sociedades y comunidades islámicas llevará tiempo y no se sabe cómo concluirá. Hoy por hoy, Europa no puede asimilar flujos migratorios incontrolados. El cumplimiento de las propias obligaciones hacia los refugiados exige cierta planificación y control. No tiene sentido fingir que es solo un problema del número de refugiados. Hay variables culturales y religiosas insoslayables. Esto no se resuelve distribuyendo folletos, como hicieron en Alemania, sobre cómo deben tratar los refugiados a los alemanes. Toda política de inmigración fracasará si no se interviene en los países de origen. En el caso de Siria e Irak, mientras sigan las hostilidades, los refugiados seguirán viniendo a Europa. Tanto la entrada libre como las expulsiones masivas sentarán peligrosos precedentes. En el primer caso, habrá efecto llamada. En el segundo, bastará que llegan miles más para que la Unión vuelva a pagar a Turquía a fin de expulsarlos a su territorio.
Ahora bien, Europa debe reaccionar ante esta crisis y suministrar de inmediato toda la ayuda necesaria. Sí, el esfuerzo deberá ser titánico para resolver las solicitudes de asilo y, mientras se hace, esas personas deberán tener sus necesidades cubiertas como exige el Derecho. Esto no trata de política sino de legalidad y de justicia. Nadie puede aceptar que en un continente rico -por grave que sea la crisis económica- miles de hombres, mujeres y niños languidezcan sin esperanza ni horizonte en una frontera. He aquí el coste de años de ocurrencias, improvisaciones e ignorancias deliberadas. Cuando se mira para otro lado -como ha ocurrido en Europa con la inmigración- como si los problemas fueran solo de los Estados ribereños del Mediterráneo, al final la realidad se impone a bofetadas.
Así, nos debatimos entre dos peligros: la inacción frente a la tragedia, que sería una traición a nuestros valores, y la cesión -una vez más- a las salidas fáciles de cerrar las fronteras por completo o abrirlas de par de par, que serían sendas irresponsabilidades.
Quizás el camino lo haya señalado la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que se ha opuesto al cierre de fronteras y a la confiscación de bienes de los refugiados y ha solicitado mayores medios para los centros de tránsito y de recepción. Esto, al menos, paliaría la tragedia de Idomeni. Sin embargo, la Unión Europea seguirá necesitando de una política de inmigración realista y consistente con sus valores y principios. Ojalá los políticos estén a la altura.