Uno de los grandes problemas que han asumido las economías modernas, y en particular las democracias, es la atención pública a los ingresos de las personas mayores. El ciclo de la vida tiene un período productivo que, idealmente, tiene que llegar a un fin de retiro y disfrute del patrimonio generado durante el mismo. Con el objetivo declarado de que la falta de riqueza no deje a nadie en la indigencia en sus últimos años, se ha creado un sistema público de pensiones. Dado que tiene un carácter obligatorio, coactivo, necesita una justificación suficiente. Las que se le han dado tienen que ver con la redistribución y con la seguridad de tener unos ingresos.
También se ha hablado de la solidaridad entre generaciones, ya que las pensiones que reciben ahora los mayores se pagan con unos fondos que proceden de las aportaciones que hacen, en ese momento, los trabajadores, más jóvenes. Por otro lado se ha querido calmar los temores que puedan tener tanto los jubilados como, especialmente, quienes hacen aportaciones al sistema. Para ello se ha dicho que la pensión es, en realidad, un derecho, adquirido durante los muchos años de cotización al sistema.
Esta situación ha cambiado en España. Lo ha hecho desde hace tiempo pero, por circunstancias, no ha saltado a la luz pública hasta recientemente. Según la reforma del sistema de pensiones introducida por José Luis Rodríguez Zapatero y que entró en vigor en 2013, los autores y creadores que generen una renta por encima de los 9.000 euros tendrán que elegir entre seguir cobrando la renta que generan o seguir percibiendo la pensión. Se ha dicho, con razón, que esta medida es un aldabonazo contra la creación artística, y a una edad en la que escritores y artistas están en plena madurez creativa.
Ello es cierto. Pero no menos importante es el hecho de que el concepto de la pensión cambia radicalmente. Ya no es un derecho que le pertenece a la persona, que ha adquirido plenamente al haber cotizado durante décadas. Es, ahora, una prestación que contribuye al sostenimiento de la persona mientras carece de otros ingresos suficientes. Esta segunda situación es muy distinta a la de un pleno derecho. Y, al igual que se ha hecho con la creación artística, se puede hacer con cualquier otra renta, procedente del trabajo, o del capital. Aquí se ha abierto la posibilidad de acabar con las pensiones como derecho y asimilarlas a una prestación más. Un cambio que parece pequeño, pero que puede tener consecuencias fundamentales para los españoles.