Los recientes atentados de Bruselas -y antes París- han puesto en evidencia el modelo de seguridad europeo. Hay carencias, por ejemplo, a la hora de poner en marcha un fichero de pasajeros para, en caso de necesidad, conocer el itinerario seguido por un potencial yihadista y tenerle más controlado. Dichas carencias son también evidentes en redes sociales: urgen una mayor vigilancia en la red, habida cuenta de que el terrorismo islámico utiliza estas vías para labores de captación y propaganda.
Uno de los logros de la construcción europea fue el tránsito libre de personas y mercancías. Desgraciadamente, la amenaza del fundamentalismo islámico obliga inexorablemente a tomar medidas. Ya ocurrió tras los atentados del 11-S, a raíz de los cuales se reforzaron los controles en todos los aeropuertos. Pese a la incomodidad que generan, han servido para evitar nuevas matanzas.
Y es de eso de lo que se trata ahora: evitar en lo posible que masacres como la perpetrada en Bruselas se vuelvan a repetir. Es inaudito que en la UE no exista un cuerpo policial y de inteligencia que tenga jurisdicción en los 28 estados; precisamente para hacer frente a este tipo de amenazas. El precio de la seguridad pasa por una mayor fiscalización. Es eso o exponerse a que el terrorismo islamista actúe de nuevo sin mayores trabas.