El reciente acuerdo sobre refugiados entre Turquía y la Unión Europea parece estar dando sus frutos, al haberse visto reducida de forma drástica la entrada masiva de refugiados e inmigrantes en territorio de la Unión Europea, según hacía saber el ministro turco de Exteriores adjunto, Ali Naci Koru. En todo caso, no podemos dejar de reconocer que la crisis de refugiados sigue constituyendo uno de los problemas más acuciantes a los que se enfrenta la Unión Europea. Pensemos, por poner un ejemplo, en el flujo de refugiados y migrantes que han llegado en los últimos días a las islas griegas de Lesbos, Samos, Chios y Kos. Tengamos también presente la inexplicable desprotección que sufren los refugiados inmigrantes más vulnerables, mujeres y niños, que alcanzan ya la cifra de dos tercios del total.
Conforme al acuerdo alcanzado por la Unión Europea, Ankara debería impedir los cruces del mar Egeo y Grecia debería expulsar a Turquía a todo aquel que llegue de forma irregular a su territorio. Vale la pena recordar que Turquía, con más de 200.000 afganos en su territorio, acoge a día de hoy a nada menos que 2,7 millones de refugiados sirios, ofreciéndoles alojamiento, comida y cuidados médicos, lo que ha supuesto un desembolso de 10.000 millones de dólares. Aunque es loable su actitud solidaria, como es de imaginar, el acuerdo logrado no ha sido gratuito y la Unión Europea se ha visto obligada a contraer el compromiso económico de ceder a Turquía fondos para la asistencia de refugiados en dos tramos, por cuantía de 3.000 millones de euros cada uno de ellos. Por si esto fuera poco, la eliminación de los visados turcos para entrar en Europa se puede llegar a adelantar unos meses, de octubre a junio, si se cumplieran las condiciones acordadas, lo que naturalmente también viene a favorecer, junto al desarrollo armónico de las negociaciones turco-chipriotas, la deseada adhesión de Turquía a la Unión Europea.
Pero no solo Turquía alberga una importante cifra de refugiados sirios sino que también lo hacen otros países vecinos como el Líbano, con una población de cuatro millones de habitantes que acoge a un millón, Jordania 600.000; Irak 250.000 y Egipto 120.000. Estaría de acuerdo con el ministro Koru en que proximidad no debería significar exclusiva responsabilidad y por ello parece necesario que la comunidad internacional “comparta la carga”, asumiendo cuanto antes un programa consistente y equitativo de reubicación de refugiados.
No todo se soluciona con dinero y sobre todo no se resuelve la raíz de un problema tan profundo. Se necesita más “solidaridad global” para conseguir asentar a los refugiados que pasan hambre, frío y viven en la incertidumbre vital más absoluta. Esa “solidaridad global”, como ya apuntara desde hace meses el Secretario General de Naciones Unidas Ban Ki-Moon, exige además de dinero, acciones concretas y compasión porque la cuestión migratoria no es sólo un asunto cuantitativo. Hay que compartir responsabilidades, reforzar la cooperación internacional y crear cauces legales para impedir el tráfico humano. Si no queremos que el Mediterráneo siga siendo un “mar de lágrimas” necesitaremos proteger los derechos y la dignidad de todos los seres humanos que, en el mejor de los casos, se encuentran en centros de acogida a la espera de iniciar una vida que atisbe algún futuro en territorio europeo. Si se sabe gestionar bien, la acogida de refugiados puede convertirse en una ventaja “global”.
Hay que celebrar que, finalmente, Rajoy se haya decidido a explicar el acuerdo con Turquía en el Congreso de los Diputados. Creo que sería conveniente aprovechar su presencia en el Pleno para que se refiriera al anterior Consejo Europeo, que abordó el conocido como Brexit, esto es, la potencial retirada del Reino Unido de la UE. Se trata de materias de especial trascendencia para nuestro país como miembro de la Unión Europea que es, independientemente de que se siga manteniendo o no la tesis de que al estar el gobierno en funciones sus decisiones carecen de naturaleza política y no puede estar sujeto al control político de una Cámara que no ha brindado previamente su confianza. No queda más remedio que rebajar la tensión institucional entre Gobierno y Congreso porque estamos ante cuestiones de Estado que exigen la unidad de todos los partidos políticos en aras de afrontar de forma responsable los retos más acuciantes.