Una de las noticias de estos días es la publicación, en numerosos medios de comunicación internacionales, de una organización que facilitaba la inversión de fondos en Panamá, con la sospecha de que al menos parte de los mismos habrían buscado en aquél país una opacidad frente a los fiscos de los países desarrollados. Son documentos privados, y su puesta en común abre un debate sobre la intimidad, y el derecho de violarla por una contribución periodística o el interés de ciertas haciendas.
No es el único interés de la noticia. Los medios se han lanzado a identificar la tenencia de dinero en el extranjero con fraude fiscal, pero la ley reconoce el derecho a tener activos fuera de España, y el delito fiscal, como cualquier otro, ha de probarse en lugar de darlo por supuesto. Por otro lado, se ha vuelto a abrir el debate sobre los paraísos fiscales. Se dice que los impuestos bajos son injustos, lo cual es un juicio muy discutible. Para empezar, todo impuesto es una forma de confiscación de la riqueza, trabajo y propiedad ajena por motivos de utilidad pública que deberían ser cumplidamente justificados. Y, por otro lado, la crítica a los países que tienen impuestos bajos choca con la defensa del principio democrático. Lo chocante es que no se ponga en cuestión la conveniencia, e incluso la justicia, de los sistemas fiscales occidentales, que se llevan una proporción muy alta de la renta y la riqueza de los ciudadanos.
Pero no acaban aquí los motivos para el debate. Llama la atención que algunos de los que tienen dinero en Panamá, y a los que se señala como presuntos culpables de fraude fiscal hayan tenido siempre un discurso que es muy contrario a este comportamiento. Pero esa acusación de hipocresía, que muchos han corrido a hacer, sólo será válida si hay pruebas fehacientes de esa evasión fiscal. Llama la atención, por otro lado, la presencia de muchos dirigentes y familiares de éstos de países enemigos o adversarios de los Estados Unidos y la Unión Europea. Lo cual sugiere varias cosas; una de ellas es que además de los intereses de las respectivas Haciendas hay un intento de manipular a la opinión pública internacional. Sugiere, además, que la labor de los medios de comunicación está comisionada por intereses políticos no menos que por el deseo de contribuir a la lucha contra el fraude.