El próximo domingo 26 de junio habrá nuevamente elecciones en España. De acuerdo al sistema vigente, el Rey disolvió las Cortes y convocó a los comicios que darán vida a un nuevo Congreso de los Diputados y, eventualmente, a un Presidente del gobierno.
El proceso tiene algunas complejidades, como ha sido también difícil la situación experimentada de manera inédita por España en los últimos seis meses, desde la elección del 20 de diciembre. Como sabemos, finalmente resultó imposible formar una alianza de partidos que permitiera un gobierno para la próxima legislatura. Mariano Rajoy y el Partido Popular no tenían los votos necesarios para intentar llegar a una fórmula para dirigir a España, mientras Pedro Sánchez, quien procuró ciertos acuerdos, se vio envuelto en las desconfianzas, los vetos recíprocos de sus potenciales aliados y la incapacidad práctica de pasar de la oposición al gobierno. Sus palabras señalando que “todos los políticos hemos fracasado”, son una manifestación elocuente de las dificultades que sufrió personalmente y que tuvieron al país atento y esperanzado, pero también frustrado e indignado.
Sin embargo, no sería sano caer en la decepción o en el pesimismo, porque la convocatoria a las elecciones tiene elementos valiosos que es necesario considerar. El primero de todos, y quizá el más importante, es que la resolución de la formación de gobierno y de la crisis política pasará directamente a manos del pueblo. De esta manera, las fórmulas ensayadas durante semanas, de acuerdos partidistas y con líderes de una legitimidad democrática al menos discutible para formar gobierno en esta oportunidad, da paso a unos comicios en que serán los propios españoles quienes se pronunciarán sobre el nuevo Congreso y sobre quién quieren que gobierne.
El 9 de febrero pasado apareció en El Imparcial nuestra columna “España, a las urnas”, en que se concluía: “La democracia es el gobierno del pueblo, y tal vez puede ser la hora de devolver al pueblo el derecho a elegir su propio gobierno”. Era una posición sin duda minoritaria en los análisis, pero que conserva su valor. Eran momentos en que se estimaba que dentro de algunas semanas se formaría una nueva administración, tras las negociaciones que dirigiría el líder del Partido Socialista Obrero Español. Sin embargo, la ambigüedad de los resultados del 20 de diciembre nos hacía creer que esa fórmula no sólo era difícil, sino que podía ser negativa. En esos comicios triunfó el Partido Popular, pero bajando sustancialmente su respaldo electoral anterior, y sin la mayoría necesaria para continuar en La Moncloa. El PSOE, por su parte, obtuvo el segundo lugar, pero con su peor resultado en décadas. Por su parte, las dos agrupaciones novedosas, Podemos de Pablo Iglesias y Ciudadanos de Albert Rivera, lograron un importante respaldo en las urnas, pero tampoco con parlamentarios suficientes para encabezar un gobierno.
De esta manera, las negociaciones encabezadas por Sánchez tenían la legitimidad de que había sido el Rey quien le había encargado explorar la posibilidad de formar gobierno. Pero, paralelamente, tenían ciertos problemas de origen: por ejemplo, que durante la campaña electoral del 2015 en ningún momento el líder socialista expresó que sería el Presidente de gobierno en una coalición con Ciudadanos o con Podemos, o con ambos a la vez. El tema es muy complejo, porque los demás tampoco lo dijeron, de manera tal los electores votaron el 20 de diciembre por un determinado partido y candidato, pero después ellos actuaban con libertad en la conformación de nuevas alianzas.
Por lo mismo, los comicios del próximo 26 de junio tienen la ventaja de permitir que sea nuevamente el pueblo el que decida el próximo gobierno español. Para ello, uno de los candidatos debería obtener la mayoría suficiente, o bien contar con la capacidad para llegar a acuerdos. De esta manera, la campaña electoral debería integrar en los programas, incluso en los debates o reuniones populares, una postura abierta y transparente sobre qué hará cada uno de los candidatos después de la elección. Si obtiene 176 o más diputados, la situación es clara: gobernará. El problema se plantea si obtiene menos.
El asunto es que parece claro a esta altura que ninguno de los partidos obtendrá una victoria absoluta. ¿Con quiénes están dispuestos a gobernar y sobre qué bases? ¿Qué alianzas se presentan antes del 26 de junio como posibles y cuáles deben evitarse? ¿Cuáles son los vetos que un partido tiene sobre otro? El tema es de la mayor importancia y sin duda será parte del debate que se viene.
Podría ocurrir, por ejemplo, que el Partido Popular nuevamente obtenga una votación mayoritaria pero insuficiente. Ahí existe la eventualidad de formar gobierno con Ciudadanos, si esta agrupación obtiene el mismo o mejor respaldo que el 20 de diciembre. ¿Está dispuesto el PP? ¿Y Ciudadanos? Albert Rivera ha demostrado ser un líder pragmático, pero también arriesgado y con visión de Estado. Otro escenario posible sería que ante un resultado similar, el PSOE busque formar gobierno con Ciudadanos y Podemos. ¿Continuarán los vetos en este caso? ¿O alguno cederá para tener un gobierno tripartito?
Por otra parte, existe la posibilidad siempre presente de que en ese escenario el PP busque una alianza de Estado con el PSOE, de manera de dar gobernabilidad y seriedad a España, ante una situación difícil no sólo en lo político, sino también en lo económico. No sabemos si esta alternativa es viable o seguirá siendo una ocurrencia de antiguas figuras de la política o anhelos del sector productivo que busca claridad y estabilidad. No se puede descartar que Podemos logre superar al PSOE, el gran sueño explicitado por Pablo Iglesias el 2015. Dicha victoria no sería absoluta y necesitaría de apoyos de otros grupos. ¿Mantendría Podemos, en tal caso, su intransigencia programática, o se abriría a encontrar acuerdos a riesgo de ceder parte de su ortodoxia?
En cualquiera de las situaciones, es importante considerar que la política española ya cambió después de la irrupción de Podemos y de Ciudadanos, y que dicha transformación se consolidó tras los comicios del 20 de diciembre. Estos meses han sido de tensiones, pero también de aprendizaje político, cuyos resultados podrían verse el 26 de junio, cuando los españoles se dirijan a las urnas para resolver sobre el nuevo gobierno. La fórmula, contra lo que han manifestado muchos hasta ahora, no es mala: por el contrario, lleva precisamente al pueblo una decisión democrática que nadie mejor que él podría resolver.