A propósito de la transcripción de la declaración de David Marjaliza, socio de Francisco Granados, ante el juez que instruye el caso Púnica, “Un grave caso de corrupción que revela la falta de controles”, es el principal editorial. “Lo primero que hay que subrayar es que la gravedad de las conductas exige responsabilidades políticas porque es inverosímil que en el PP nadie se enterara de la existencia de esta red delictiva que se extendía por la comunidad de Madrid”, reflexiona este diario, que añade que “resulta hipócrita lamentarse ahora cuando se hizo todo lo posible –y esto vale tanto para el PP como para el PSOE- para eliminar cualquier obstáculo que impidiera la toma arbitraria de decisiones. Por eso, concluye, “la pregunta es cómo es posible que el PP ignorara un fraude de estas dimensiones”.
La Razón lleva un primerísimo primer plano del presidente venezolano. El rotativo lo explica así: “Maduro carga contra la prensa española para tapar la emergencia en Venezuela”. Otros titulares: “Barberá estalla contra los vicesecretarios: ‘Estan ocupados en Eurovisión’”; “Marjaliza pagó a PP y PSOE gastos de campaña en Madrid”.“Púnica exige un pacto contra la corrupción”, editorializa esta cabecera, para quien “la parte más trascendente de las palabras de Marjaliza fue que la trama pagó a prácticamente todos los partidos políticos para que saliesen adelante sus operaciones urbanísticas”. En la tribuna principal, “La comunidad internacional debe evitar el estallido de Venezuela”, repasa los pasos que han llevado a aquel país a la delicada y preocupante situación actual y dice que “lo más grave es que el presidente Maduro sigue fugado de la realidad y se empeña en denunciar una supuesta agresión exterior para justificar la penuria económica y social a la que ha llevado a su país. Como telón de fondo, recuerda, el presidente “ayer se cebó una vez más con el Gobierno de Mariano Rajoy y los medios de comunicación españoles”.
Con una fotografía de las colas de los venezolanos para comprar alimentos de un supermercado en Caracas, El País titula que “Maduro sostiene que hay una campaña 'brutal' contra él desde España”. Explica que Venezuela vive con “extrema tensión” la marcha convocada por “la oposición democrática para protestar por el estado de excepción”.En “Las cartas del PSOE”, este periódico defiende que “votar socialista no puede ser solo un refugio ante la polarización PP-Podemos”, por lo que, explica, “lo que necesita esta fuerza política es rearmarse ideológicamente”: “El lanzamiento de un Gobierno en la sombra ha sido una oportunidad perdida para precisar el mensaje”. En “Volver a empezar en Cuba”, editorializa dice El País que “España es el tercer socio comercial de aquel país, después de Venezuela y China”. Por eso, explica, “la nueva política exterior del régimen, además de la implosión venezolana, crea un escenario inédito en el que Madrid no puede permitirse quedarse atrás”. Y concluye que “la visita finalmente exitosa del ministro Margallo es un punto de partida. Quedan pendientes la del presidente del Gobierno que salga de las urnas y la de Felipe VI”.
En ABC, “Maduro carga contra España en plena visita de Zapatero”. El diario también se reivindica, con una foto en la que el presidente venezolano sostiene una fotocopia de la portada del rotativo: “Cita a ABC como parte de una campaña internacional contra Venezuela mientras la oposición llama a tomar las calles”.Sobre Venezuela y la trama Púnica también giran los editoriales de ABC. Por un lado, “para el PSOE es un auténtico problema de coherencia que Zapatero agasaje al régimen chavista mientras a González se le impide entrar en Venezuela a defender a los presos”. Por otro, “la corrupción obliga a que cada cual soporte las consecuencias de sus actos, en los ámbitos penal y político. Pero también obligará al Ejecutivo central y al Parlamento a revisar la estructura de competencias municipales porque es irracional la libertad que tienen algunas autoridades para corromper y ser corrompidos”. En la tercera, José María Fernández de Sousa, presidente de Pharmamar-Zeltia, escribe sobre la “discriminación por edad”: “Una persona con 65 o más años (si tiene la cabeza bien), debe tener la libertad (y no la obligatoriedad) de poder jubilarse”.