El desalojo de un edifico okupado en Barcelona la madrugada del pasado lunes sigue generando polémica. Ayer mismo, los diputados de la CUP en el Parlament se negaban a debatir los presupuestos “en señal de protesta por la actuación de los mossos”, mientras que desde el ayuntamiento, Ada Colau echaba balones fuera.
En Madrid, Barcelona, Cádiz y Valencia sigue habiendo desalojos, por más que sus alcaldes antisistema prometieran pararlos. Más que nada, porque en un estado de derecho este tipo de actuaciones se llevan a cabo siempre por orden judicial, sin ingerencias de otra índole. Sí tiene razón, en cambio, Ada Colau al acusar a su antecesor en el cargo -el convergente Xavier Trías-, de haber pagado para evitar un conflicto.
Efectivamente, siendo acalde, Trías ordenó pagar con dinero municipal el alquiler del edificio para evitar así desahuciar a los okupas. Por despropósitos así, los partidos tradicionales han ido perdiendo poder en favor de radicales como Ada Colau. Sin embargo, ahora la alcaldesa debe preservar el orden público -en lugar de alterarlo, como ha hecho siempre-, y es ahí donde ni ella ni los suyos se sienten cómodos. Pero es lo que corresponde: un regidor municipal debe hacer valer la ley frente a quienes rompen el mobiliario urbano, agreden a la policía y ocupan propiedades privadas. Lo contrario no sólo sería dejación de funciones, sino incluso prevaricación.