Me parece encomiable que en la actual situación de atomización política, y en la que es patente la dificultad de acordar, empezando por la constitución de un gobierno, algunos se esfuercen por proponer espacios, ámbitos o temas, sobre los que se pueden alcanzar concordancias, por lo menos en un nivel básico. Las modernas sociedades se definen por su apertura, que es el fundamento de su riqueza constitutiva, acogiendo colectivos diferentes en su procedencia, cultura y orientación ideológica, pero requieren también elementos comunes o matrices espirituales compartidas. Sin este fondo de todos, que no es meramente procedimental, esto es, el respeto a unas reglas de juego, sino también de contenido, como son los valores e instituciones generales, a la sociedad le falta la cohesión mínima que hace posible la solidaridad entre sus miembros e incluso la satisfacción de saberse partícipe del conjunto.
El recurso al consenso es imprescindible en los tiempos, digámoslo con palabras de Arendt, de fundación, cuando las sociedades emprenden un camino nuevo, sean los tiempos del pacto creador o de la revolución, cuando se rectifica radicalmente sobre la situación anterior o el ancien régime. El consenso, en cambio, no tiene sentido en los tiempos rutinarios o de gestión en los que no hay que tomar decisiones constituyentes, que se acaban de adoptar, pues de lo que se trata es de actuar gestionando lo establecido por los fundadores. Cuando hablo de consenso no me refiero solo al acuerdo sobre la Constitución, que alcanza a la forma de gobierno y a los derechos y valores fundamentales, sino a cierto criterio compartido sobre otras materias relacionadas con el núcleo constitucional, muy importantes para el desarrollo de la vida de la comunidad según las decisiones efectivamente tomadas en la Norma Fundamental, aunque sobre ellas los pronunciamientos en tal nivel sean mínimos o solo de principio: piensen por ejemplo en la regulación electoral, o la configuración de la organización judicial, el derecho penal, etc.
Las sociedades a veces viven momentos difíciles, que ciertamente no tienen la gravedad de los tiempos heroicos de la revolución, pero que no son circunstancias ordinarias o de simple rutina, en los que hay que recuperar el consenso, porque la planta institucional necesita de una reforma sustancial. Se trata de reformas operantes en el segundo plano, si se quiere, pero cuya importancia es significativa en el conjunto y que deben prepararse adecuadamente. En tal coyuntura el consenso no tiene el alcance constitucional de los tiempos de la fundación pero sí que resulta imprescindible para una vida constitucional, en la que se lleve a efecto el modelo establecido en la Constitución. Ciertamente que la Constitución requiera de retoques y modificaciones, no resulta nada de extraño atendiendo a la aceleración histórica de los nuevos tiempos, que sufren transformaciones que naturalmente deben afectar a la propia Norma Suprema, cuya aplicación dinámica puede encontrarse con insuficiencias insuperables sin un cambio en su mismo tenor literal.
Pero ha de convenirse que, más allá de los posibles defectos de la Norma Constitucional, que delaten su envejecimiento, lo que resulta insatisfactoria es nuestra vida constitucional, donde, como digo, habrá de abordarse una doble labor de renovación institucional, de demolición de una parte y de construcción de otra, introduciendo aquellas estructuras que faltan en el todo constitucional para dar efectividad al proyecto ideado por los fundadores, al tiempo que, como decimos, se rectifican instrumentos que se han mostrado inconvenientes o que ya no cumplen su originaria función.
La construcción del consenso para el cambio institucional no será posible sin la atención a diversas condiciones, comenzando porque se generalice la convicción de su necesidad. Hay que practicar por tanto un análisis de nuestra sociedad que repare en la conveniencia de reforzar los elementos de acuerdo sobre los de discrepancia. Unidad y pluralismo no son componentes enemigos sino complementarios: la unidad cuando se convierte en homogeneidad asfixia y acaba con la diversidad, que es riqueza, también para el conjunto; el pluralismo, si se desboca, corre el riesgo de la provocar la atomización y la ruptura, pero es, en sus justos términos, imprescindible para la afirmación de la libertad y la renovación del sistema.
En segundo lugar, es necesario ponerse de acuerdo sobre las cuestiones en que han de lograse los acuerdos institucionales. Habría que empezar por aquellas cuestiones sobre las que la discusión es más reducida en la medida en que se tratase de problemas de menor perfil político, al menos de manera inmediata. En tercer lugar, la búsqueda del consenso debería intentarse en asuntos sobre los que se pudiese partir de un libro blanco o un estudio técnico de su problemática. Hay instituciones de cuya imparcialidad, las instituciones de la reflexividad de que ha hablado Rosanvallon, debería esperarse la confección o el patrocinio de empresas de este tipo, en las mejores condiciones en lo que se refiere a su competencia e independencia. Sin lograr quizás los resultados de las grandes comisiones británicas con encargo parlamentario, especialmente las referentes al régimen local, la descentralización o la reforma de la administración, los informes del Consejo de Estado sobre la reforma de la Constitución o el sistema electoral, pueden servir de conveniente precedente.
En cuarto y último lugar, habría que pensar en propuestas que se habrían de plantear como reformas concretas a la regulación actual de estas instituciones. No se trata por tanto de crear un nuevo diseño institucional sino de proponer cambios, correctores o innovativos como decíamos antes, que en su pretensión de generar consenso, puedan ser aceptadas también por los autores de su actual configuración.
Estas reflexiones venían a mi cabeza cuando asistía en la Fundación Ortega a un coloquio sobre “El pacto por la educación “ auspiciado por la Fundación España Constitucional en el que tranquila, y sensatamente, conversaron los anteriores Ministros de Educación Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona, Pilar del Castillo y Mercedes Cabrera, actuando como moderador Eduardo Serra, el anfitrión de la casa. El pacto sobre la educación puede ser ciertamente uno de los grandes acuerdos, que satisface las condiciones para el acuerdo institucional a que me he referido en esta columna. Por aquí se puede comenzar.