Las últimas encuestas parecen indicar que Reino Unido podría acabar abandonando la UE tras el referéndum del 23 de junio. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker; el del Consejo Europeo, Donald Tusk; el del Parlamento, Martin Schulz, y el primer ministro holandés y presidente de turno de la UE, Mark Rutte tienen previsto reunirse un día después para valorar los resultados y programar el futuro, a día de hoy, todavía incierto, a pesar de las encuestas.
Esperemos que Reino Unido no salga de la UE porque ello supondría un duro golpe a todos los niveles para el proyecto europeo. Independientemente del calado político de un viraje de este tipo, podría desencadenarse una fuerte crisis económica y financiera, lo que ante dicha eventualidad tanto el Banco Central Europeo a través de su presidente, Mario Draghi, como el Banco de Inglaterra, a través de Mark Carney, están tratando de manejar, no sin dificultades. Una de las cosas que más preocupa es la falta de liquidez de los bancos en euros y libras en función del resultado del referéndum.
En caso de que ganara el sí a la continuación de Reino Unido en la UE, se tendría que poner en marcha el proceso para concretar el estatus especial que los jefes de Estado y de Gobierno europeos pactaron con David Cameron, en aras de que defendiera el compromiso de permanencia de Reino Unido. Ahora bien, en caso de que ganara el no, aunque la salida de Reino Unido no fuera inmediata, se teme por el efecto contagio que dicha decisión podría tener sobre todo en países euroescépticos, que no se descarta podrían verse animados por el modelo británico.
Escocia permanece atenta al dilema sobre la permanencia de Reino Unido en la UE. Tengamos en cuenta que los escoceses junto a los norirlandeses son pro Unión Europea. Nadie duda de que la salida de Reino Unido de la UE no agradaría a Escocia que, si recordamos, hace dos años decidió por un margen de 10 puntos continuar formando parte de Reino Unido, a sabiendas de que ello implicaba seguir siendo miembro de la Unión. No menos importante es que la industria del whisky se pondría en riesgo y con ello disminuirían las altas cifras de ingresos anuales debido sobre todo al alto nivel de exportaciones.
En caso de que Reino Unido saliera de la Unión Europea, cabe pensar que Escocia podría plantearse un segundo referéndum de independencia, aunque ahora no sea estratégicamente el mejor momento. La ministra escocesa del partido SNP, Nicola Sturgeon, tiene claro que Reino Unido debería permanecer en la UE y que una retirada implicaría aislarse y romper con el proyecto compartido de prosperidad y justicia social a nivel europeo.
Por todo ello no me parece casual la reciente decisión del Tribunal de Luxemburgo en la que se da la razón al Gobierno británico frente a la Comisión Europea reconociendo el derecho de negar ayudas sociales a ciudadanos llegados de otros países de la Unión Europea que no tengan derecho de residencia. Es cierto que la sentencia afloja la tensión entre el actual Ejecutivo europeo y Reino Unido, y evita que los partidarios de la salida de Reino Unido de la UE se movilicen ante lo que considerarían como una nueva intromisión en su soberanía, pero ello a costa del principio de igualdad, lo que no es baladí. De hecho, el fallo en su literalidad reconoce el carácter discriminatorio de la medida que se adopta: “El requisito del derecho de residencia en el Reino Unido genera una desigualdad, dado que los propios nacionales pueden cumplirlo más fácilmente que los nacionales de otros Estados miembros”. La medida “puede estar justificada por un objetivo legítimo, como es la necesidad de salvaguardar las finanzas del Estado miembro de acogida, a condición de que no vaya más allá de lo que resulta necesario para alcanzar ese objetivo”, primando así el criterio de la funcionalidad y de la proporcionalidad entre medios y fines.
A pesar de que el recurso de la Comisión consideraba que la forma de actuar de Reino Unido era contraria al principio de igualdad en el ámbito de la Seguridad Social, al garantizar la prohibición de discriminación por razón de nacionalidad para que las personas que ejercen su libertad de circulación y residencia dentro de la Unión no se vean perjudicadas por los diversos sistemas nacionales, el Tribunal de Justicia de la UE lo ha desestimado, proclamando que “el requisito del derecho de residencia es una medida proporcionada para garantizar que las prestaciones se abonan a personas suficientemente integradas en el Reino Unido”. Debería quedar claro que esta medida ampara que haya ciudadanos de primera y de segunda categoría, y resquebraja uno de los pilares más importantes dentro de la UE, como es el de la prohibición de discriminación. Espero que el Tribunal de Luxemburgo haya medido las consecuencias que están detrás de esta concesión a un país que desde los orígenes del proyecto europeo lleva a gala la construcción de una Europa a la carta.