Las conclusiones abren la puerta a la vía unilateral separatista.
Tras
un bronco debate en el Parlamento de Cataluña cargado de tensión y en el que han intervenido los principales líderes de la oposición para dejar claro su rechazo, las dos fuerzas independentistas -Juntos por el Sí y la CUP- han conseguido aprobar, con sus 72 votos a favor, las
conclusiones del proceso constituyente, que abren la puerta a una vía unilateral hacia la independencia.
Antes de la votación, los diputados de Ciudadanos y PPC han abandonado el hemiciclo para desentenderse del resultado, mientras que los parlamentarios del PSC han permanecido en sus escaños pero no han ejercido su derecho al voto y los diez de Catalunya Sí que es Pot han votado en contra.
El Parlamento de Cataluña ha vivido un bronco enfrentamiento
entre Junts pel Sí (JxSí) y la CUP, por un lado, y la oposición por otro, al forzar los grupos independentistas la inclusión en el orden del día del pleno la votación de las conclusiones del proceso constituyente.
Justo al término de la sesión de control al presidente de la Generalitat, el presidente del grupo parlamentario de JxSí,
Jordi Turull, ha pedido la palabra para pedir
que se amplíe el orden del día, una solicitud a la que se ha sumado inmediatamente la portavoz parlamentaria de la CUP,
Anna Gabriel.
Inmediatamente después, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, les ha interrogado sobre si eran "conscientes" del
auto del Tribunal Constitucional (TC) que llamaba a la cámara catalana a no elevar al pleno estas conclusiones, que abren la puerta a una vía unilateral hacia la independencia. "De lo que somos conscientes es del
mandato democrático del 27 de septiembre", ha replicado Turull, que ha invocado el artículo 57.1 del Estatut, que reza: "Los miembros del Parlament son inviolables por los votos y las opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo. Durante su mandato tendrán inmunidad a los efectos concretos de no poder ser detenidos salvo en caso de flagrante delito". Por este motivo, "no admitimos ninguna amenaza por los votos y por las amenazas que emitimos", ha sentenciado Turull.
Gabriel ha añadido que en la CUP son "conscientes" también de la
declaración de soberanía aprobada el pasado 9 de noviembre por el Parlament y anulada posteriormente por el TC: "Nosotros por la independencia no tenemos miedos", ha añadido.
Además, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, había asegurado poco antes que el Parlament está "perfectamente legitimado" para impulsar leyes y ha avanzado que votará "con mucho gusto" a favor de las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente.
A partir de ahí, se ha desatado un debate cargado de tensión, en el que Ciudadanos, el PSC, Catalunya Sí que es Pot y el PPC han arremetido contra unas conclusiones que, según los populares, suponen un "atentado contra el Estado de Derecho". Ante los llamamientos a Forcadell a impedir el debate, la presidenta de la cámara ha subrayado que "
el pleno es soberano, la única función de la Mesa es ordenar el debate", pero "la responsabilidad" es de los 135 diputados".
El presidente del grupo parlamentario del PPC,
Xavier García Albiol, ha denunciado que la votación de las conclusiones sobre las que había advertido el TC representa un "
atentado contra el Estado de Derecho" y ha subrayado que es "responsabilidad" de la Mesa y de su presidenta velar por que no se comete ninguna ilegalidad.
La presidenta del grupo parlamentario de Ciudadanos,
Inés Arrimadas, ha alertado de que la aprobación de estas conclusiones supone "pasarse la justicia por el arco del triunfo" y ha acusado directamente a Forcadell de intentar "derivar su responsabilidad a los diputados", algo que, según ha avisado, no conseguirá.
El diputado del PSC
Ferran Pedret ha señalado que "la situación que se ha creado es altamente irregular", porque el auto del TC "es suficientemente claro" al respecto y "no se puede ignorar".
El portavoz parlamentario de Catalunya Sí que es Pot,
Joan Coscubiela, se ha posicionado igualmente en contra de votar las conclusiones en el pleno, porque "en lugar de tender puentes" entre los independentistas y las izquierdas partidarias del derecho a decidir "los ha dinamitado".
Para desmarcarse de la decisión de Forcadell de permitir el debate y la votación de estas conclusiones, el vicepresidente segundo de la Mesa y diputado de Ciudadanos,
José María Espejo-Saavedra, ha calificado la decisión de "fraude de ley" y ha rogado a la presidenta de la cámara que "reflexione".
El secretario segundo de la Mesa, el socialista
David Pérez, ha pedido una reunión urgente de la Mesa para analizar el conflicto, mientras que el secretario tercero, Joan Josep Nuet, de Catalunya Sí que es Pot, ha denunciado el "sectarismo" de este debate y ha alertado de que "los métodos democráticos se están tambaleando".
Forcadell ha rechazado improvisar una reunión de la Mesa porque ha recalcado que se está "cumpliendo escrupulosamente" el reglamento de la cámara catalana y el pleno es "soberano".
El Gobierno garantiza su actuación frente a un paso "contumaz y grave"
La vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría, ha calificado de "paso contumaz y grave" la decisión adoptada por el Parlamento de Cataluña y ha garantizado que el Ejecutivo seguirá fiel a su compromiso de "no dejar pasar ni una".
Sáenz de Santamaría, en una comparecencia ante los periodistas en el Congreso, se ha referido así a la decisión del Parlament de aprobar las conclusiones del denominado proceso constituyente y que abren una vía a la declaración unilateral de independencia.
La vicepresidenta, que ha considerado que esa decisión supone la vulneración del derecho de los españoles a decidir cuál es su marco constitucional, ha lanzado un mensaje de tranquilidad.
Así, ha asegurado que, tal y como ha venido haciendo hasta ahora, el Gobierno va a seguir estando muy pendiente de las decisiones de las diversas instituciones de Cataluña para defender el orden constitucional, la igualdad de todos los españoles y su derecho a decidir cómo quieren que sea su país.
De ahí que haya garantizado la plena vigencia del compromiso del Gobierno de "
no dejar pasar ni una" y que hasta ahora le ha llevado a recurrir muchas decisiones y a que los tribunales le hayan dado la razón.
"
Hoy es un paso más, reiterado, pero contumaz y muy grave", ha resaltado la vicepresidenta, que ha lamentado la insistencia de algunas instituciones catalanas y de sus representantes, especialmente los de la Mesa del Parlament, en hacer frente a las decisiones del TC. Ante ello, ha reiterado que el Gobierno ha venido actuando y actuará guiándose por varias premisas, entre ellas la búsqueda de la unidad democrática.
En ese contexto, ha informado de que el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, se ha puesto en contacto esta mañana con los líderes del PSOE, Ciudadanos y Podemos para informarles de la actuación del Gobierno ante la decisión adoptada por el Parlament. "Se trata -ha dicho- de actuar conjuntamente frente a decisiones que nos atañen a todos".
A esa premisa de la unidad democrática, Sáenz de Santamaría ha añadido la voluntad política y la existencia de mecanismos jurídicos para responder al desafío soberanista. En desarrollo de todo ello es cuando ha explicado que el Consejo de Ministros tramitará el próximo viernes el acuerdo para autorizar a la Abogacía del Estado a presentar ante el Tribunal Constitucional un incidente de ejecución. Un asunto que ha sido analizado ya esta mañana por la Comisión General de secretarios de Estado y subsecretarios.