Domingo 31 de julio de 2016
Carme Fordadell se va de vacaciones a Etiopía. No le vamos a negar ese derecho ni tampoco nuestro deseo de que se lo pase muy bien. Sin embargo, no deja de ser sorprendente que la presidenta del Parlamento catalán no parezca tener la menor inquietud, pese a que sobre ella penda la posibilidad de que se abra una vía penal por permitir la votación sobre la desconexión de Cataluña del resto de España. Da la impresión de que Fordadell, el Parlamento y la Generalitat piensan que no se llegará al final, con la ley en la mano. Esa ley que los secesionistas han tomado por costumbre saltarse a la torera.
No es la primera vez que incumplen las decisiones judiciales del Tribunal Constitucional. Y no solo las incumplen sino que se empecinan en ello, como han vuelto a hacer con “argumentos” espurios, cuando no directamente grotescos como acusar al Gobierno en funciones de coartar la libertad de expresión del Parlamento catalán. La capacidad de tergiversación del secesionismo es infinita y en cada nuevo episodio de su delirio incurre con mayor empeño en la antología del disparate.
El Gobierno en funciones de Mariano Rajoy ha de poner en marcha una actuación contundente contra el nuevo desacato. De no hacerlo así, y ya se ha ido viendo en todo el proceso que busca la desconexión con España, los secesionistas se crecen. Ahora han vuelto a decir que seguirán con su hoja de ruta y que lo que llaman “amenazas” no va a pararles. Los ciudadanos exigen contundencia al Ejecutivo y el empleo de todos los medios legales a su alcance, que no son pocos. Y también recurrir a la carta de la financiación, a la que suelen ser más sensibles, o estipular quizá alguna otra medida en este mismo sentido, porque ya sabemos que “si la bossa sona…”. En cualquier caso, el dinero del Estado no puede ir a apuntalar la desconexión ni que este nuevo desafío se quede sin firme respuesta.
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