La relación de las decisiones electorales de los ciudadanos con el fenómeno de la corrupción ha sido objeto de debate con motivo de las elecciones generales del pasado mes de junio en nuestro país. Los resultados surgidos de las mismas vienen a poner de relieve la continuidad del fraccionamiento existente en las preferencias electorales de los ciudadanos españoles, aunque con algunas diferencias significativas en relación con las anteriores elecciones del mes de diciembre. Viendo este voto ciudadano, son cuestiones bastante diversas las que parece que han condicionado la decisión de los electores, unas más relacionadas que otras con la corrupción.
En primer lugar, la corrupción aparentemente no afecta directa y visiblemente de forma cercana al ciudadano medio, y ello hace que no sea en muchos casos un factor determinante del voto. Aunque en España se cuantifican los costes de la corrupción entre 47.000 y 87.000 millones de euros al año, al no tener un efecto directo e inmediato sobre el bolsillo individual del ciudadano, ello hace que en muchos casos pase a estar en un segundo plano al emitir su voto. Muchos ciudadanos se fijan más en sus intereses personales, tales como las perspectivas de empleo, la seguridad de las pensiones, o la eventual estabilidad económica, más que en factores éticos y de interés social. El voto activo contra la corrupción tiene un menor componente de interés económico o personal y posee un carácter más en clave social o de valores, en el cual el ciudadano antepone el hecho de los perjuicios sociales y la grave injusticia que supone la corrupción.
Existe además en una buena parte de los ciudadanos un cierto fatalismo sobre la clase política, y por ello piensan que todos los políticos son igualmente corruptos, que no se puede hacer nada, y que sean quienes fueren los Partidos que estén gobernando harán todos lo mismo y se aprovecharán igualmente de la corrupción; lo cual no deja de ser una cómoda e injusta generalización de la clase política.
Una muestra explícita de esta imagen y desafección ciudadana respecto a los políticos es la que se refleja claramente, por ejemplo, en el último Barómetro Global de la Corrupción publicado por Transparencia Internacional, que hace un análisis de doce sectores de la sociedad en 107 países, y son los Partidos políticos los que obtienen la peor puntuación a nivel global, 3´8 sobre 5 (siendo 5 el máximo de corrupción), puntuación que se acentúa y empeora especialmente en España, ya que obtienen 4´4 sobre 5, habiendo sólo siete países de los 107 citados los que tienen una peor opinión y valoración de la clase política que el nuestro.
Hay además otros factores que han podido influir en el voto de una forma específica en las últimas elecciones; algunos proceden de la situación y las perspectivas electorales de unos y otros Partidos, tendiendo numerosos ciudadanos a ponderar el denominado voto útil, lo que explica ciertos desplazamientos habidos en el voto; también pueden haber influido algunos factores derivados del entorno exterior, tales como el brexit, acaecido pocos días antes de la fecha de las votaciones.
Cabe recordar, por otra parte, que muchos ciudadanos penalizaron ya la corrupción en las sucesivas elecciones habidas en 2014 y 2015, y ello propició en buena medida la aparición y subida de los dos Partidos emergentes (Podemos y Ciudadanos), que adquirieron una buena parte de su fuerza electoral en base al hartazgo y la indignación ciudadana por el tema de la corrupción.
En resumen, los ciudadanos debemos tener muy en cuenta el problema de la corrupción en las decisiones electorales, huyendo, por otra parte, del fatalismo y de la cómoda generalización acerca de la clase política, y hemos de analizar individualmente y exigir con firmeza a unos y otros partidos que cumplan lo que prometen en relación con la corrupción cuando están al frente de las instituciones públicas, tanto en el ámbito central, como autonómico, provincial y municipal. Es nuestro derecho y nuestra responsabilidad.