Cabía una mínima esperanza de que la Justicia venezolana tuviera un rasgo de dignidad en el caso de Leopoldo López. Pero no ha sido así. La Corte de Apelaciones de Caracas ha ratificado la condena de casi a 14 años de prisión impuesta a Leopoldo López tras un juicio farsa denunciado como tal no solo por la oposición al chavismo sino por la comunidad internacional. La misma comunidad internacional ha mostrado ahora, nada más conocerse la noticia, su indignación y rechazo por esta ratificación. Entre las voces que rápidamente se han alzado se encuentran la de la responsable para Iberoamérica del Departamento de Estado norteamericano, Mari Carmen Aponte, la del secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Alegre, y la de Felipe González.
Luis Alegre, tras condenar la sentencia, ha señalado que estamos ante “una oportunidad perdida para la reconciliación en Venezuela” y el expresidente del Gobierno español ha proclamado con contundencia que «los jueces prevarican”, pues “han dictado una sentencia injusta, siendo muy conscientes de que Leopoldo López no ha cometido los delitos que se le imputan, y con pleno conocimiento de que se han vulnerado todos sus derechos de defensa”. Se espera la reacción del correligionario de González, el también expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que tan buena fe le adjudica a Nicolás Maduro a quien ha visitado varias veces en el Palacio de Miraflores con una intención “mediadora”. No olvidemos que el partido que lidera Leopoldo López, Voluntad Popular, es miembro pleno de la Internacional Socialista.
La ratificación de la sentencia certifica, lamentablemente, el éxito de Maduro en una de las primeras acciones que llevan a cabo los regímenes autoritarios como es enterrar bien enterrado a Montesquieu, sepultando la separación e independencia de poderes. Nicolás Maduro ha condenado a sus compatriotas a la miseria, a la falta de libertad y a no poder contar con la Justicia, rendida por completo a los pies del chavismo. Los abogados defensores de Leopoldo López han asegurado que recurrirán ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, aunque, con toda seguridad, estas instancias se pronunciarán en el mismo sentido. Igualmente, han anunciado que llevarán el caso a la ONU. Ahí la comunidad internacional debería mostrarse firme y unida ante el atropello bolivariano.