La legítima destitución de Rousseff

Pasados los Juegos Olímpicos, que en buena medida supusieron un tiempo viviendo como en una burbuja, Brasil se enfrenta a la dura realidad, a la herencia que le deja, tras el espejismo inicial, el Partido de los Trabajadores y Dilma Rousseff, finalmente destituida por el Senado brasileño por una aplastante mayoría de senadores que apoyaron con su voto el impeachment. Llegaba así a su conclusión una suerte de culebrón político que se ha venido desarrollando en el país durante meses. Y ha llegado a la conclusión que era más previsible, pese a todos los intentos de la ya expresidenta brasileña de darle una interpretación torticera a los hechos.

Dilma Rousseff se empeñó en que se trataba de un golpe de Estado y así ha venido manteniéndolo hasta el final. Y junto a ella, defendiendo la misma tesis, su mentor, Lula da Silva -imputado y con varias causas abiertas-, y el núcleo bolivariano, con la Venezuela de Maduro a la cabeza. Los argumentos de Rousseff resultan impresentables en su intento de equipar su destitución con el golpe militar que desembocó en una tiranía contra la que ella misma luchó como guerrillera. Esa tesis, además, es tremendamente dañina para el país, pues siembra el odio y alienta la desconfianza hacia la democracia y sus instituciones.

Por otro lado, Rousseff parece olvidar que su formación aplaudió y apoyó con entusiasmo el proceso de destitución de Fernando Collor de Mello, mandatario de la derecha, considerándolo absolutamente legítimo. Al utilizarse ahora contra una presidenta de la izquierda se vuelve por arte de magia no solo ilegítimo sino hasta dictatorial. Si fue bueno para Collor de Mello, tendrá que serlo también para este Partido de los Trabajadores, que lo valora según le sea útil o no para controlar el poder.

En la destitución de Rousseff se han respetado todas las garantías y la investigación llevada a cabo no ofrece duda sobre su responsabilidad. Haría bien Brasil en concentrarse en los gravísimos problemas que tiene, en los que se entremezcla el escándalo de corrupción de Petrobras y una crisis económica de gran envergadura, azotada por una inflación y un paro galopantes. Y quizá tampoco estaría de más que se celebraran nuevas elecciones que dieran la voz a los ciudadanos en estas circunstancias.