Para las generaciones más jóvenes -los que tienen treinta años o menos- la democracia les parece un sistema casi "natural" de organización política y social, además de una manera civilizada de resolver los conflictos y quizá la única forma legítima de régimen político. Esto se da en parte porque -a diferencia de sus padres y sus abuelos-, la mayoría de ellos han tenido una vida en democracia, tanto en Europa como en América Latina. En diferentes lugares del mundo se informan año a año sobre las más diversas elecciones y cambios pacíficos de gobierno. Por ejemplo, las noticias de España y sus elecciones repetidas para resolver el problema gubernativo, o las predicciones sobre los resultados en los próximos comicios en Estados Unidos de Norteamérica, forman parte de las referencias habituales en la prensa internacional, y así seguirá siendo en los próximos años.
Sin embargo, no siempre fue así: el siglo XX estuvo plagado de dictaduras que convivían con democracias débiles o enfermas y las alternativas al liberalismo tuvieron fuerza magnética en el mundo entre guerras; además el crecimiento de los totalitarismos -el nazismo, el fascismo y el comunismo- se hizo en parte en medio de regímenes democráticos, de los cuales se aprovecharon para destruirlos por dentro. Pero en el último cuarto del mismo siglo la situación se revirtió, y la excepción se convirtió en regla: se produjo la democratización en países como España, Portugal y Grecia; también llegaron los regímenes libres en la mayoría de los países de la órbita comunista; lo mismo ocurrió en América Latina, que había experimentado numerosos golpes militares en los años 60 y 70, con gobiernos que se extendieron por varios lustros.
Fue precisamente entre estos países que se decidió la firma de la Carta Democrática Interamericana en el seno de la OEA. La fecha escogida fue el 11 de septiembre de 2001 -en estos días se han cumplido quince años del hecho-, que pasaría a ser lamentablemente histórica por otra razón, como fue el ataque terrorista a las Torres Gemelas en Estados Unidos. En su origen, como ha sostenido Luis Almagro (Secretario General de la Organización de Estados Americanos), se encontraba que "no poseíamos similar experiencia con crisis en las cuales la suspensión, desmantelamiento o ruptura del orden constitucional fueran producidos por un presidente con legitimidad de origen, es decir, que hubiera llegado al poder por medio de elecciones libres y competitivas", como menciona en su artículo "Quince años de la Carta Democrática", reproducido en diferentes medios.
Sin embargo, conviene considerar la declaración, por su importancia y proyección, así como por ser la culminación de una época histórica de restauraciones democráticas que pretendían preservarse en el tiempo y no ser otro paréntesis de gobiernos civiles. Asimismo es necesario ponderar el momento actual del continente.
La Carta Democrática contiene una serie de consideraciones introductorias, partiendo por reconocer que "la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región", pero incorporando algunos aspectos de profundización de la misma, como la necesidad de enfrentar la pobreza y eliminar la "pobreza crítica", como factor esencial para la consolidación del régimen democrático. Adicionalmente reafirma la promoción y protección de los derechos humanos, reconoce los derechos de los trabajadores y la importancia de la educación. A continuación explicita los fundamentos de la democracia en el continente, destacando el artículo 1: "Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas".
La base del estado de derecho, afirma el documento, es la democracia representativa, entre cuyos elementos principales se encuentra "el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos". Se podrían seguir mencionando otros aspectos de la Carta, pero conviene detenerse en dos consideraciones específicas.
La primera se refiere a que, desde el punto de vista conceptual y político, efectivamente se ha producido una mayor adhesión a la democracia en las últimas décadas, y los gobiernos del continente -con sus matices y regresiones incluidas- en general son parte de formas de organización propias de las sociedades libres. La excepción más notoria y duradera es la dictadura de los Castro en Cuba, que ya se aproxima a cumplir seis décadas, aunque ya no tiene el poder de antes y tampoco promueve el terrorismo, como sostuvo Estados Unidos antes de restablecer relaciones con la isla. Otro ejemplo más complejo es el de Venezuela, que ha tenido procesos electorales pero también signos dictatoriales y en un esquema de aumento de la violencia, la pobreza y la persecución a los opositores, que ha sido denunciada por distintas autoridades y líderes internacionales.
El segundo elemento que requiere una mirada más detenida y un estudio profundo, se refiere a la valoración de la democracia por parte de la población. Lo lógico sería pensar en una clara adhesión popular hacia los regímenes nacidos de las elecciones libres, pero la situación presenta algunos problemas. El Informe 2016 de Latinobarómetro -que resulta un gran instrumento para revisar el tema- muestra que el apoyo a la democracia se encumbra apenas al 54%, uno de los tres resultados más bajos desde que se inició la medición en 1995. En la pregunta “No me importa un gobierno no democrático si resuelve los problemas” –consulta representativa del autoritarismo político- se llega al 47% de respuestas positivas, lo que ilustra que la mitad de la región estima que vale un gobierno no democrático para resolver los problemas. Es un tema sobre el que se requiere volver, considerando que fue una de las características de la crisis del liberalismo a comienzos del siglo XX y uno de los factores de legitimidad de las dictaduras de esos años: su capacidad para enfrentar los problemas sociales y económicos que las democracias habían sido incapaces de resolver.
Conviene mirar con mayor detención este estudio, pero valgan esas consideraciones mientras tanto. La democracia tiene admiradores y promotores, pero también adversarios y críticos. Muchas veces se pronuncian con fundamento contra las debilidades de las democracias representativas, que no pueden conformarse con la adhesión formal a una Carta internacional, sino que debe estar atenta a las veleidades y problemas cotidianos, que muchas veces se enfrentan a paso cansino, en medio de una corrupción desatada y abriendo el camino a los populismos que la amenazan y, en ocasiones, la destruyen.