Viernes 28 de octubre de 2016
Estaba previsto que ayer se celebrara en Quito (Ecuador) un acto formal como comienzo de las conversaciones entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Gobierno colombiano. Acto que iba a ser el preámbulo para la primera mesa de negociación que se desarrollaría el próximo 3 de noviembre. Pero el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, tomó la decisión de suspender el acto en tanto no se concrete la liberación del excongresista Odín Sánchez Montes de Oca, en manos del ELN desde hace más de seis meses. La liberación de los secuestrados es una de las condiciones para empezar a negociar, parece que en principio aceptada por los guerrerillos.
En este contexto, la decisión de Santos es acertada. Y no debe ser la única en relación con el modo de actuar frente al grupo guerrillero, después de todo lo sucedido en las conversaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El ELN no le ha ido a la zaga a las FARC en cuanto a crueldad y terribles delitos, y al igual que a estas se le considera un grupo terrorista por la mayoría de la comunidad internacional. Del mismo modo, FARC y ELN tienen en el narcotráfico su principal fuente de financiación.
Las conversaciones con las FARC despertaron la esperanza de la paz, pero, más allá de las buenas intenciones de Santos, estuvieron surcadas de no pocos errores. Finalmente, toda la parafernalia de la ceremonia de la firma definitiva del acuerdo se quedó en nada al rechazar la ciudadanía ese acuerdo en un referéndum, cuyo resultado causó gran sorpresa en el Gobierno colombiano. De ahí que con muy buen criterio, el expresidente Álvaro Uribe, que abogó por el “no” en el referéndum, haya ahora advertido de que es imprescindible que en las conversaciones con el ELN no se cometan los mismos errores que con las FARC.
En efecto, de llevarse a cabo, no pueden ir por la vía de apostar por elementos inquietantes que provocaron el rechazo de los colombianos. No resulta aceptable que un grupo terrorista, como son las FARC y el ELN, tenga asegurados escaños en el Parlamento. En este sentido se ha pronunciado también Uribe con vistas a esa posible negociación con el ELN señalando con claridad que los responsables de delitos de lesa humanidad no pueden tener el derecho a la representación política. El resultado del referéndum puso de relieve que, naturalmente, los colombianos quieren la paz pero no a cualquier precio. En todo acuerdo con la narcoguerrilla, de las FARC o del ELN, hay que preservar que no haya la menor sombra de impunidad ni de inasumibles concesiones.