Canadá y la Unión Europea llevan años planteando los términos de un gran acuerdo comercial, que responde al acrónimo CETA, que permita una mayor colaboración económica entre las sociedades de ambas regiones. Las negociaciones han seguido los términos de otros acuerdos de este estilo. Se realizan dentro del ámbito de la OMC, y mientras que se reducen los aranceles se renegocian otras barreras al comercio relacionadas con la regulación, los estándares de calidad y los derechos de propiedad intelectual. En el último estadio de esa negociación, su ratificación, el acuerdo se ha visto en un serio compromiso, si no en un fracaso no definitivo pero sí doloroso.
El Parlamento de la región belga de Valonia rechazó el acuerdo antes de aprobarlo. Los días que han pasado entre una decisión y otra pusieron el acuerdo en el dique seco, y supusieron una amenaza para el que están elaborando Europa y los Estados Unidos. Valonia ha ido perdiendo pujanza económica a medida que la orientación mayoritaria de sus votantes, muy críticos con la globalización y con la actividad económica en general, han ido imponiendo sus criterios. La región destacaba por su pujanza industrial, de la que ahora apenas queda algo más que el recuerdo. Este temporal paso atrás viene de la mano de un resurgir del nacionalismo que afecta en mayor o menor medida a España. Es un nacionalismo que se cuela por los extremos del arco político, como ejemplifican el caso del Frente Nacional en Francia o Podemos en España.
Aunque cualquier ciudadano con el suficiente interés ha tenido la oportunidad de informarse sobre los términos del acuerdo, los únicos que han suscitado un debate son los más contrarios al mismo, al igual que ha ocurrido con el Acuerdo Transatlántico. Indudablemente, esa desidia por parte de medios de comunicación y políticos de situar el debate sobre bases racionales ha acabado por perjudicarlo.
Con todo, hay todavía una cuestión más que este vaivén valón ha suscitado. Según los tratados de la Unión, la Comisión Europea tiene el derecho de negociar, en nombre de los socios, los tratados de comercio. Con las últimas modificaciones, el Parlamento Europeo ha adquirido un mayor protagonismo. Pero para quien exige para los pueblos soberanos europeos la última palabra, y lo hace desde el rechazo del libre comercio, no hay distinciones entre la Cámara de Estrasburgo y Bruselas. Este caso es un ejemplo de las tensiones que hay entre la tendencia a la centralización de las decisiones importantes y las pretensiones, entre nacionalistas y democráticas, de que sean los pueblos europeos quienes decidan en última instancia. Esa tensión no está resuelta, y amenaza la misma existencia del proyecto europeo, como ha demostrado el caso del Brexit.