La presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, ha recurrido la decisión del TSJC de investigarla por desobediencia al permitir votar la hoja de ruta soberanista, alegando que no se puede prohibir el debate parlamentario porque "ni existe ni puede existir un debate de ideas ilegal".
En su escrito, Forcadell rechaza la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de investigarla, a instancias de la Fiscalía, por los delitos de prevaricación y desobediencia al Tribunal Constitucional, al remarcar que éste "no puede obligar a nadie a controlar las opiniones y la actividad política".
Según sostiene Forcadell en su recurso, la decisión del TSJC de admitir a trámite la querella de la Fiscalía en su contra es de una "inusitada trascendencia", ya que supone "un punto de inflexión en la voluntad de control de un poder del Estado". Se trata, a su juicio, del "primer ejercicio conocido en la trayectoria del sistema penal español de someter a análisis en la jurisdicción penal la prohibición (y sanción) del debate de ideas".
Por otro lado, este lunes se ha sabido que el Pleno del Tribunal Constitucional avalará la reforma de la ley que le permitirá sancionar a altos cargos o autoridades políticas que desobedezcan sus resoluciones, como podría ser el caso de la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell.
Fuentes jurídicas han explicado a Efe que este asunto será debatido en el pleno de esta semana, que se celebrará el miércoles y el jueves, después de que la magistrada Adela Asúa, partidaria de declarar inconstitucional esta reforma, haya renunciado a la ponencia de la resolución al comprobar que no contaba con el apoyo del pleno.
Así, Alsúa ha sido sustituida por Pedro González Trevijano como ponente de la resolución que, según las fuentes consultadas, avala la reforma del TC que le permitirá suspender de sus funciones a autoridades y altos cargos públicos de la Administración si desobedecen sus resoluciones.
La sentencia de González Trevijano contará con el visto bueno de la mayoría del pleno pero, constatan las fuentes, supondrá una ruptura en la unanimidad que ha seguido el tribunal en lo relativo al soberanismo catalán.
Las fuentes consultadas aseguran que el presidente del Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, quiere resolver cuanto antes esta reforma legal que fue recurrida tanto por el Gobierno catalán como por el vasco. Pérez de los Cobos, indican las fuentes, no quiere que la resolución de estos recursos -el pleno de esta semana examina el presentado por el gobierno vasco- interfiera en el próximo dictamen del Consejo de Europa, del que depende el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
A él consultó el TC, a través de la Comisión Venecia, sobre la validez de los incidentes de ejecución previstos para casos de desobediencia de sus sentencias como los ocurridos con la Generalitat de Cataluña.