La izquierda radical y los nacionalistas se oponían ayer al suplicatorio para que Francesc Homs sea juzgado por el Supremo, a causa de su participación en la consulta ilegal llevada a cabo en Cataluña. El argumento no puede ser más peregrino: juzgar a Homs “va en contra de la separación de poderes”.
El propio Homs iba más allá, al aseverar que juzgarle a él y al resto de nacionalistas empeñados en vulnerar sistemáticamente la legislación vigente es “atacar a Cataluña”. Es tan absurdo como irresponsable. Todos los ciudadanos están sujetos al imperio de la ley. Todos deben acatar las resoluciones judiciales. Todos, sin excepción. Es más, quienes desempeñan un cargo público electo tienen un plus de ejemplaridad. Lo contrario es el final del estado de derecho y de la democracia: sin ley, no hay democracia; al menos, en el sentido occidental del término.
Y de un tiempo a esta parte, el nacionalismo en su conjunto está ejemplificando justo lo contrario: su comportamiento es el paradigma de la deslealtad institucional en grado sumo. Resulta muy poco alentador -aunque, por otra parte, también era de prever- que Podemos se una a este alegato de la ilegalidad. Cataluña es mucho más que el señor Homs o que cualquiera, nacionalista o no, que vulnere la ley. En ese caso, no cabe sino hacer frente a las consecuencias de dicho acto. Y precisamente porque hay separación de poderes la justicia actúa con independencia de quien incurra en conductas susceptibles de ser juzgadas.