INMIGRACIÓN CON CONTROL

Los países latinoamericanos se han sumado a los africanos y las organizaciones pro derechos humanos en sus críticas a la directiva sobre inmigración que los 27 países de la Unión Europea aprobaron el pasado miércoles. El objetivo del texto, que entrará en vigor en dos años, es establecer unos criterios mínimos comunes para todos los miembros de la UE respecto al tratamiento de la inmigración ilegal. Entre otras cosas, fija el periodo máximo de internamiento forzoso de los ilegales en seis meses –ampliables a 18 en caso de que existan problemas de identificación- y establece la posibilidad de que los menores que inmigren sin un adulto puedan ser devueltos, no a sus países de origen sino al país desde el que llegaron. Tras la deportación, a esos inmigrantes se les prohibirá entrar a cualquier país comunitario durante los siguientes cinco años. Estos son dos de los puntos más criticados de la directiva que, en palabras de Enrique Iglesias, secretario general iberoamericano, “puede producir grandes injusticias”.

Mucho menos tibio ha sido Hugo Chávez, que advirtió de que “no irá” a los países que adopten la medida “del bochorno”. Evo Morales, por su parte, ha anunciado su intención de poner en marcha una campaña internacional para pedir el apoyo de países americanos y africanos en contra de la directiva. Pero las críticas no sólo vienen del sector “bolivariano”. Prácticamente todos los países latinoamericanos, incluyendo Colombia, Brasil o Perú, se han pronunciado en contra de la norma y han expresado su preocupación por la distorsionada imagen de la inmigración que puede producir y por el potencial riesgo a los derechos humanos que conlleva.

Sin llegar a los extremos de Chávez, es lógico que los mandatarios latinoamericanos se muestren preocupados ante la legislación aprobada. Y tienen toda la razón en señalarnos que América es un continente repoblado y construido por emigrantes europeos. La aventura americana de españoles, italianos, portugueses y griegos se prolonga hasta bien entrada la segunda mitad del siglo pasado. Conviene que todos, los de aquí y los de allá, lo recordemos. Aunque la directiva sólo procura marcar unas pautas comunes de actuación ante un problema que, nos guste o no, es necesario atajar, después de ver casos excesivos como el italiano, es lógico que haya quien tema que el plan de la UE fomente la fiebre antiinmigración. Sin embargo, están equivocados quienes creen que está en el ánimo de la ley criminalizar al inmigrante. Al contrario, lo hemos dicho en innumerables ocasiones desde estas páginas, la inmigración trae muchas más cosas buenas que malas. Ayuda al enriquecimiento social, cultural y económico de un país, pero para que sea totalmente provechosa, tanto para los países receptores como para sus huéspedes, es necesario regular sus excesos. Hay que controlar el flujo de inmigrantes, desarrollar políticas de integración, evitando engañarnos a nosotros mismos y caer en la tentación de la política del avestruz.

Lamentablemente, hay una correlación entre inmigración y delincuencia que se agudiza cuando se trata de inmigración irregular. La única manera de romper el binomio inmigración delincuencia reside en medidas que busquen una relación inversa entre delito y residencia, de modo tal que envíen un mensaje nítido al respecto a los inmigrantes por llegar. Todo ello, por supuesto, respetando los derechos humanos. Precisamente para asegurar esos derechos son necesarias políticas firmes, inteligentes y efectivas. De nada sirven las peroratas buenistas y las divagaciones sobre lo políticamente correcto. Seguridad e integración son términos complementarios. Y éste es un desafío que han de asumir todos los países europeos, independientemente de la ideología de su Gobierno. Es la mejor manera de prevenir y derrotar derivas xenófobas odiosas.