La Ley de Estabilidad Presupuestaria distingue la decisión sobre cuál es el nivel de ingresos y gastos que soportará el Estado en el próximo ejercicio del destino de cada partida que saldrá de ese total. Es una distinción racional y que sirve para filtrar que las decisiones políticas de última hora lleven a un nivel de gasto mayor e innecesario. Esta es la función que tiene el techo de gasto. Su modo de cálculo comienza con una estimación de los ingresos, sobre la cual se realiza el cálculo de los gastos que se pueden sostener. El techo de gasto incluye la subida de impuestos, y medidas como el mayor salario mínimo.
Su aprobación, muy tardía este año por motivos políticos, es un trámite de la mayor importancia. Y se ha logrado gracias al apoyo de la formación que sostiene al gobierno, el Partido Popular, junto con la oposición colaboradora de Ciudadanos, y el PSOE. Los socialistas necesitaban apoyar al gobierno en este trance por motivos estrictamente políticos. Aunque darle oxígeno al gabinete de Mariano Rajoy puede causar rechazo en parte de su electorado, el PSOE necesita celebrar su congreso y consolidar el nuevo liderazgo. Y sólo cuando haya recobrado sus fuerzas, su unidad y su capacidad de iniciativa política podrá competir con garantías frente a Podemos por el liderazgo de la izquierda. Pero todo ello exige tiempo, y durante ese período los presupuestos tienen que salir. Por el momento ha contribuido a los de 2017 apoyando el techo de gasto, en la confianza de que será el PNV quien de el sí definitivo al detalle de las cuentas. Por el momento, el PNV (como también lo han hecho Foro, CC y UPN), también han respaldado esta ley.
El detalle del nuevo techo de gasto merece alguna crítica, como la referida subida de impuestos. Pero deben verse como un muy buen signo de que, paralela a la económica, hay una recuperación de carácter político. Han apoyado el texto siete grupos del Congreso, y 251 de los 350 escaños del Congreso de los Diputados. Sólo eso es una muestra clara de normalización política. Además, este puede ser sólo el primer paso de muchos en la colaboración de los partidos constitucionalistas. Unos partidos, además, que deben fortalecerse y fortalecer al Estado en defensa de la nación española, en un momento en el que se enfrenta a un peligro. Económicamente, el techo de gasto es discutible. Pero políticamente se trata de una buena noticia.