La Constitución es aquella carta fundamental que rige la vida y los destinos de los países. Contiene principios, reglas, instituciones que se consideran vitales para una sociedad. “¡Viva la Pepa!”, fue uno de los gritos que acompañó a la Constitución de Cádiz de 1812, y que se repetían en otros lugares con fuerza en aquellos años constituyentes de la primera mitad del siglo XIX. En buena medida hubo naciones que cifraban su felicidad en la calidad discursiva de sus constituciones, y esperaban en ella un futuro de prosperidad. La realidad fue bastante más ingrata.
Lo que debería ser una causa de unidad nacional, un legítimo orgullo, una ley aceptada y defendida por todos, comienza a ponerse en duda en diferentes sociedades, como ocurre en la actualidad con los casos de España y Chile, entre otros. Esto no deja de ser preocupante, por las implicancias que podría tener. Sin embargo, el asunto debe mirarse con seriedad y sin temores absurdos. Se trata de la norma que establece la división de poderes y la declaración de derechos y deberes en una sociedad, pero es necesario reconocer que se ha transformado también en una fuente de división y manifestación de insuficiencia. En esto se mezclan dudas o críticas -puede que no sean mayoritarias, pero sí son relevantes políticamente- sobre la legitimidad de origen de un determinado texto o bien sobre su pertinencia en la actualidad. Esto porque se enfatiza que una constitución fue pensada para otro momento histórico y que las circunstancias habrían cambiado, lo que motivaría la necesidad de pensar en una nueva carta fundamental.
Es verdad que el nacimiento de los regímenes constitucionales fue difícil. Francia, en tiempos de su revolución, tuvo tres cartas fundamentales, en 1791, 1793 y 1795, que mostraban diferencias entre ellas. Jovellanos llegó a decir sobre la situación francesa que una constitución “se hizo en pocos días, contuvo en pocas hojas y duró muy pocos meses”. Lo que podría ser excéntrico en Europa, en Hispanoamérica fue la tendencia general en los siglos XIX y XX: las constituciones llegan a sumar más de doscientas, de las más distintas características, duraciones, orígenes y significados.
La excepción a esta vorágine constituyente ha sido Estados Unidos, que desde su Independencia ha tenido sólo una constitución, y quizá por ello llega a ser una especie de emblema nacional. Ella fue establecida “a fin de formar una Unión más perfecta, establecer Justicia, afirmar la tranquilidad interior, proveer la Defensa común, promover el bienestar general y asegurar para nosotros mismos y para nuestros descendientes los beneficios de la Libertad”, como dice el preámbulo de esa Carta de 1787.
En las últimas semanas España ha estado involucrada en un interesante -y peligroso- debate constitucional. La Constitución de 1978 había sido uno de los emblemas de una transición hacia la democracia tan exitosa como feliz para los españoles. En su momento se concibió como un proyecto -que sucedía a los años de la Guerra Civil Española y al régimen del general Francisco Franco- que consagraría una democracia política, como nunca había existido en su historia. El preámbulo del texto señalaba algunos principios fundamentales: el deseo de “establecer la justicia, la libertad y la seguridad”, la pretensión de un “orden económico y social justo”, sobre la base de la formación de “un Estado social y democrático de Derecho”, en el cual la soberanía nacional reside en el pueblo, dentro de una Monarquía parlamentaria.
Sin embargo, el paso de los años y algunas dificultades objetivas dentro del sistema político de España, han llevado a relativizar no sólo la propia Constitución, sino que algunas bases del pacto de 1978. No es un misterio que en algunas comunidades autónomas se hablan las lenguas locales más que “el castellano”, concebido como la lengua española oficial del Estado; también la bandera de España desaparece frente a los emblemas propios de algunas comunidades. Para mayor significación histórica, los hombres de la transición ya no están en el mapa político: Adolfo Suárez falleció y el Rey Juan Carlos abdicó en favor de su hijo, terminando con toda una época. En la actualidad, algunos partidos y movimientos nuevos cuentan con liderazgos que responden más a la realidad de fines del siglo XX y comienzos del XXI, que a la lógica de fines del franquismo y de la transición.
Todo esto tomó mayor relevancia el pasado 6 de diciembre, cuando se conmemoraba un nuevo aniversario de la Constitución Española. Una cita que forma parte de la tradición y que representa la unidad, pero que este 2016 cambió drásticamente de rumbo, ante la actitud de Pablo Iglesias, líder de Podemos, quien rechazó participar en los actos conmemorativos. Este hecho se llevó gran parte de las noticias asociadas al 6 de diciembre. Sin embargo, dada la relevancia de la materia, conviene mirar un poco más profundo y no quedarse en los detalles de la dinámica política.
Iglesias sostuvo recientemente en un artículo: “De mis padres de la Constitución aprendí muchas cosas, pero quizá la fundamental es que los avances sociales que recogen las constituciones no son el resultado del trabajo de especialistas y parlamentarios, sino del empuje democrático de los pueblos. Todo lo bueno de la Constitución del 78 tiene que ver con ese empuje, mientras que la mayor parte de sus deficiencias tiene que ver con la resistencia de las élites al cambio. Y si algo nos ha enseñado la Historia es que la democracia es el resultado del avance de los pueblos sobre las élites, del avance de los derechos sobre los privilegios” (en “Mis padres de la Constitución”, en
eldiario.es, 6 de diciembre de 2016).
Se puede estar de acuerdo o no con esa apreciación, y también se puede discutir la Constitución de 1978, en sus detalles, en su aplicación práctica o su significado actual. Lo que no puede ser es vivir en la actualidad como si el problema constitucional no existiera, repetir frases simplistas o invocar poderes simbólicos que podrían no tener valor político actual. La Constitución es demasiado importante para mirarla en menos o no considerar las implicancias que tiene su continuidad o su modificación.