El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha señalado que el Real Decreto Ley define además la nueva financiación del bono social eléctrico, que será al 100% por parte de las empresas comercializadoras y ha puntualizado que el bono no se extiende al gas y sólo se refiere al suministro eléctrico.
"Hay buena posibilidades de que este decreto sea aprobado en el Consejo de Ministros de este viernes", ha añadido, al tiempo que ha subrayado que durante el desarrollo del reglamento se estudiará que el bono social esté ligado a la rentas y a los ingresos y pueda hacer frente a una parte de las facturas impagadas por consumidores "extremadamente vulnerables".
En este sentido, ha añadido que a lo largo de tres meses, una vez convalidado ya el decreto ley, se definirán mediante normas las limitaciones a los cortes de suministros eléctricos y se establecerá que una parte de los impagos procedentes de hogares pobres sean abonados también por los servicios sociales de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas.
En este sentido, Nadal ha confiado en la "generosidad" de las corporaciones locales y autonómicas para que puedan duplicar sus recursos frente a las facturas no pagadas y para que se alcance un acuerdo cuanto antes.
El real decreto también incluye una comparativa para que el consumidor pueda conocer las opciones de las diferentes comercializadoras de electricidad y así mejorar las prácticas de estas compañías.
El portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, ha afirmado que se trata de una reforma estructural importante y de "un buen acuerdo para las familias más vulnerables ya que ataca la pobreza energética". También ha pedido a Ciudadanos y al resto de fuerzas políticas que lo apoyen durante su convalidación en el Congreso.
Precisamente, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha afirmado que sólo el PSOE ha respondido a la propuesta del Gobierno sobre la nueva financiación del bono social eléctrico y ha criticado que ningún partido haya realizado aportaciones.
Nadal ha recordado que el pasado 2 de diciembre el Ejecutivo envió el documento con la propuesta de financiación del bono social a los partidos políticos y "nadie envió ninguna aportación para decir qué opinaban sobre el texto ni qué querían hacer", salvo el PSOE.
Además, ha recordado que la semana pasada también se produjeron reuniones presenciales con otros partidos políticos y el Ejecutivo les volvió a pedir documentación y "no aportaron nada".
Ante la polémica, Ciudadanos se ha atribuido el mérito de haber forzado el acuerdo sobre pobreza energética, al incluir sus "exigencias" para que el decreto ley incluya la definición de colectivo vulnerable y que el bono social se ligue a la renta con atenuante de situación familiar y personal.
Así lo ha explicado la portavoz de Energía de C's, Melisa Rodríguez, quien ha reprochado al Gobierno que haya tardado ocho años en atender un problema surgido con la crisis, como también le ha criticado que siga "arrastrando los pies" y apoyándose en "ese bipartidismo rancio" al referirse al acuerdo pactado con el PSOE.
Un acuerdo al que posteriormente ha sido incorporado Ciudadanos, que también ha criticado al ministro de Energía, Älvaro Nadal, por leer a última hora el correo electrónico donde detallaban su propuesta.
Después de que el Ejecutivo, por segunda vez, haya dejado de lado a Ciudadanos, con el que firmó el pacto de investidura, Rodríguez ha contestado que su partido prefiere ser "socio preferente" de los españoles, con iniciativas como esta.
Una iniciativa en la que, según ha explicado, se ha tomado también en cuenta la necesidad de que haya un "diálogo directo" con los servicios sociales porque son los que pueden detectar las situaciones de especial vulnerabilidad y que se inste a las comunidades autónomas a que sean más ágiles para poder advertir cuanto antes estos casos.
Otra medida a propuesta de C's, ha detallado, es la supresión de los cortes de suministro a familias de extrema vulnerabilidad en invierno y para situaciones dudosas que el periodo se alargue de dos a cuatro meses con el fin de dar tiempo a los servicios sociales a que emitan el informe pertinente.
Por su parte, el responsable de Relaciones con la Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral, ha llamado a los ciudadanos a participar en las movilizaciones convocadas este mismo miércoles para pedir medidas contra la pobreza energética, que cree que deben ser la respuesta al pacto "chanchullo" alcanzado entre PP y PSOE.
Mayoral ha denunciado que el "pacto secreto" de PP y PSOE es un "chanchullo" entre dos partidos que "da la espalda al Parlamento", donde ya se aprobó una moción de Podemos, que ha sido ignorada en este acuerdo.
Además, Mayoral ha criticado que PP y PSOE hayan actuado de espaldas al Parlamento y a las organizaciones sociales con este acuerdo oscurantista, del que "no se conoce el contenido".
No ha concretado cuál será su voto cuando llegue el Real Decreto pactado por PP y PSOE al Congreso, pero sí ha dejado claro que Podemos no va a participar en "chanchullos" ni en "paripés".
Ha insistido en que el acuerdo rebaja las demandas de las organizaciones sociales y sigue protegiendo los intereses de los privilegiados. "Esto no puede ser un debate entre los dos partidos de siempre que sus ministros terminan en los consejos de administración de las empresas energéticas", ha enfatizado.