Dentro de dos años escasos serán cuatro las décadas transcurridas desde que se ratificó la Constitución española en octubre de 1978. Cuarenta años después de otros tantos de dictadura concluida la Guerra Civil en 1939 y hasta 1975, con la muerte de Franco. La Monarquía parlamentaria se consolidó a partir de entonces como “forma política del Estado español” y España funcionó bien con el único lastre del terrorismo vasco. Fueron años constituyentes.
Quedaba, no obstante, un resquicio. El partido comunista había aceptado la Constitución y la figura del Rey como jefe de Estado hasta que Juan Carlos I la regentara. El compromiso era previo. Aseguraba un tránsito sin ruptura.
La muerte de Santiago Carrillo el 18 de septiembre de 2012 debilitó el convenio tácito y la abdicación de Juan Carlos I en junio de 2014 liberó la anuencia. El partido comunista remueve entonces el trasfondo social y busca los votos de antaño. Recupera el techo electoral que había perdido durante la Transición. El movimiento del 15 de mayo de 2011 fue el aviso de que algo cambiaba. Se inició un revulsivo de nuevo cuño. Detrás de los Indignados había fuerzas políticas colaterales. Los socialistas creyeron que podrían rentabilizar el descontento creado por las restricciones económicas de Bruselas y exigidas al Gobierno, presidido por Mariano Rajoy desde diciembre de 2011. Pensaban aquéllos que se hundirían éstos en el hoyo económico excavado por Rodríguez Zapatero al finalizar su segunda legislatura (2008-2011). Las arcas quedaron vacías. El ruido de la calle y la impotencia gobernante auguraban fracaso.
La estrategia falló y el sucesor de Zapatero en la oposición socialista, Pérez Rubalcaba, tuvo que dimitir. La disculpa era el resultado flojo de las elecciones europeas del 25 de mayo de 2014, tres años después de la marea ciudadana en la Puerta del Sol de Madrid con los Indignados y a un mes escaso de la abdicación de Juan Carlos I en su hijo y nuevo Rey Felipe VI. Fue éste un punto de inflexión en la reciente política española. Los comunistas sorprendieron en las elecciones europeas de 2014 y, a partir de ahí, el partido denominado Podemos iba minando el subsuelo del PSOE. Rajoy cubría el hoyo de la deuda adquirida. Comenzaba el remonte. Sin embargo, no pudo realizar el programa electoral previsto. Los acontecimientos postulaban otro paradigma, nueva partitura. La deriva iniciada sirvió de fondo electoral hasta el desconcierto de las elecciones generales de diciembre de 2015. La mayoría de votos del PP en las urnas no sirvió para nada y el resto de partidos se conchabó contra él en torno a una consigna de “cambio” y desde el Parlamento. Vino luego la farsa de investiduras, por parte de los socialistas, en enero, con apoyo de Ciudadanos, y octubre de 2016, esta vez a favor del PP y ya con Ciudadanos de su parte. Oscilación reveladora del clima reinante. La conclusión fue el descalabro de Pedro Sánchez, nuevo líder de la oposición socialista, la continuación de Rajoy en el Gobierno y la crisis del PSOE.
Mientras tanto, Podemos continúa aprovechando las contradicciones de los otros partidos con táctica sagaz y tensión interna calculada. Sigue el paradigma de la prensa y cadenas de televisión en muchas regiones de España: cabecera nacional y marco autonómico, o viceversa. Sabe que hay una corriente favorable de fundido republicano. Esto incrementa su tesis de revuelco comunista en el sur de Europa y como reflujo histórico de la América hispana. Sueña una Unión de Repúblicas Socialistas Españolas, como la URSS, extinguida el 26 de diciembre de 1991.
A todo ello contribuye el reto del soberanismo catalán y vasco. Desde 2011 asistimos a un proceso en cadena de actos, declaraciones y movimientos sectarios, renuncias, creación de partidos nuevos, desaparición de otros, juramentos de cargos, etc. Busca Barcelona convertir a Cataluña en problema que resulte materia sustancial de una situación irreversible. Pretende la independencia del Estado español pactada o no bilateralmente. El País vasco, a la zaga. Como Artur Mas y Ada Colau antes, Arnaldo Otegui repite en declaraciones al diario Le Monde (23 de diciembre de 2016) la dicotomía de legalidad (Constitución española) y legitimidad (comunidades vasca y catalana). Prevé la independencia de Euskal Herria para 2026.
El problema ya lo insinúa la declaración del segundo Artículo del Título Preliminar de la Constitución: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”. Perfecto. Hay nacionalidades reconocidas en el momento de instituir la Carta Magna (Disposición transitoria segunda) y regiones que pueden acceder a tal título mediante estatutos correspondientes. Nadie explica directamente, sin embargo, en qué consiste la noción “autonomía”. Se deduce de las atribuciones y restricciones constitucionales. Su significado es, no obstante, evidente: norma, ley propia.
He aquí el primer incentivo, suave y bien intencionado: me (auto) doy la norma, ley (nomos) en virtud de una relación semántica y jurídica (predicado implícito) que me une, como nacionalidad, a la Nación una, común como patria, no soluble, no divisible. Y Nación que se constituye Estado de Derecho desde la soberanía del pueblo, cuya voz se proclama mediante votos en elecciones generales. Y además carácter autónomo con derecho reconocido soto voce y colateral de independencia mediante referéndum celebrado según ciertas, difíciles condiciones y reforma de la Constitución (Artículos 92; 149.1, 32ª competencia, 167, 168). Segundo incentivo. Cabe el intento.
El litigio se centra entonces en la dinámica del proceso autonómico reconocido y el “casi” larvado de la independencia si y según como. Resumiendo: la Constitución de 1978 genera un subfondo de forma que, materializada, resulta nuevo germen material dotado de impulso independentista como expansión del autónomo. Y este fenómeno se convierte en problema de una identidad que no existe, pero se busca. Y para ello hace falta crear condiciones que avalen el espejismo y la dialéctica formal encastrada. Y en ello estamos. Están. La unidad de Nación-Estado abre, como mínimo, el subterfugio de acrecentar el horizonte semántico del término “nacionalidades” y de convertir la relación solidaria en principio de parte. Y desde aquí la escalada soberanista: Conferencia Nacional por el Estado Propio (30 de abril de 2011); constitución de una Asamblea Nacional Catalana cuyo objetivo es la independencia política (10 de marzo de 2012); gran manifestación de la Diada (11 de septiembre de 2012); declaración de soberanía del parlamento catalán (23 de enero de 2013); “diálogo bilateral” (13 de marzo de 2013) mediante referéndum (resolución de 27 de septiembre de 2012), aminorado luego en consulta (9 de noviembre de 2014); plebiscito (elecciones autónomas del 27 de septiembre de 2015); desconexión de España (proclamación del 9 de noviembre de 2015, aprobada como “proceso constituyente” el 27 de julio de 2016, de cara a un Estado catalán) y anuncio de referéndum definitivo para septiembre de 2017.
La cuestión es tensar la cuerda nacional y romperla quedándose con un cacho en la mano. Única forma de eludir el proceso judicial abierto en torno a la corrupción catalana. Y con ello, un gran peligro: que el Estado español reconozca oficialmente la tensión creada y obre en consecuencia (Artículo 151, Disposición derogatoria tercera). Ahora bien, si una Comunidad Autónoma decreta secesión y, sobre la base de un referéndum territorial, declara Estado propio y nombra Gobierno independiente, el conflicto es un hecho y afecta también a Europa. El sujeto de la consulta ya coincide con el cuerpo electoral acotado y segregado. La legitimidad se habrá impuesto a la legalidad vigente. ¿Qué hará entonces Bruselas más allá de iniciales declaraciones excluyentes y pasado cierto tiempo? Enigma. La voluntad popular refrendada es germen que abona su propio desarrollo constituyente.
La pretensión soberanista de estas comunidades resulta anacrónica en un país moderno con comunicaciones estructuradas, recia y variada cultura histórica de ámbito internacional e integrado en Europa. Son factores que debieran propiciar otras alternativas. Y esto depende básicamente de una educación mancomunada y del dinamismo que, con ella, sostiene a los Estados: justicia, sanidad, seguridad, trabajo, estímulo, bienestar, en una palabra. Menos el negocio sanitario, en buena parte regido por Madrid y Cataluña, los demás fundamentos están minados. La educación se banalizó y la cultura es pálido reflejo de la europea, a pesar de las apariencias y guetos creados. Y de esto son responsables los partidos con experiencia nacional de Gobierno.