El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha comparecido esta semana ante la Cámara Baja a petición propia. El objetivo de esta deposición era explicar cuáles serán las líneas maestras de la política fiscal en el Ejercicio que acaba de arrancar. De acuerdo con lo afirmado por Montoro, 2016 concluirá con un déficit público del 4,6 por ciento, y el año que acaba de empezar el desfase entre ingresos y gastos será del 3,1 por ciento de la producción.
Se trata de un ajuste de un punto y medio del PIB, cerca de 16.000 millones de euros, y eso si el año que acaba de concluir se cierra con el déficit previsto por el ministro, lo cual sería toda una novedad. De cumplirse lo que ha expuesto, estaríamos ante el ejercicio “más difícil de la legislatura”. No es para menos, puesto que no hace falta más que mirar a los ajustes de los últimos años para comprobar que no ha realizado un esfuerzo ni siquiera cercano desde 2013.
En otras circunstancias no habría motivo para la desconfianza. Ciertamente no es un objetivo alejado de lo que pueda hacer el Gobierno. Pero por un lado Cristóbal Montoro carece de credibilidad; y, por otro, y por muy sorprendente que pueda parecer, el ministro no ha anunciado ninguna medida adicional. Ha confiado todo el aumento de la recaudación al crecimiento económico, y por lo que se refiere al gasto ha reconocido, incluso en el discurso, el fin de la austeridad.
Esta posición devela falta de seriedad por parte de Cristóbal Montoro, en una materia muy importante y delicada. El abandono del principio de austeridad muestra, además, la falta de convicciones no ya del ministro sino del presidente del Gobierno. A la herencia de deuda que dejará Mariano Rajoy habrá que añadir una herencia moral e intelectual envenenada, por parte de un Ejecutivo incapaz de explicarle a los españoles, o asumir, todos los riesgos que acarrea la acumulación de deuda pública.