La Federación del Gremio de Editores de España (FGEE), el lobby más importante de la industria del libro, ha presentado su tercer informe sobre “La lectura en España”. Dos datos sobresalen de ese estudio: casi el 40 % de los españoles no lee un libro al año y un 38 % dice leer uno anualmente. Estos datos solo son llamativos para los beatos de la cultura, los déspotas ilustrados y la gente que sobrevalora la influencia del libro en la historia de la civilización; pero quienes se dedican a la industria del libro, es decir los que saben de verdad cuántos libros venden las editoriales, ven esas cifras con toda normalidad. Son cifras que contribuyen de modo decisivo a mantener la “dignidad”, por decirlo con ironía, de una tradición sencilla de retener en una frase: “En España no se venden apenas libros”. Baroja y Ortega ya hablaban en los años veinte del siglo pasado “del horror al libro” de los españoles.
Es una tradición que han cultivado con diligencia los políticos de la actual etapa democrática, incluidos los políticos que presentaron este informe en la Biblioteca Nacional, y paradójicamente algunos editores que últimamente ganan más dinero con la televisión basura, casi toda la que se hace en España, que con la venta de libros; en efecto, no se olvide que algunos grandes grupos editoriales que pertenecen a esta federación son también propietarios de grande medios de comunicación de masas. No nos rasguemos, pues, las vestiduras con este tipo de encuestas, informes o datos de lecturas de los españoles. Veamos con naturalidad que un lobby de editores, o sea de productores de libros, utilice diferentes mecanismos para ampliar su cuota mercado. Y, sin duda alguna, este informe tiene, entre otros objetivos, intentar vender más libros. Leamos, por lo tanto, esta tercera entrega sobre “La lectura en España” como un trabajo de marketing comercial de los editores y, sobre todo, no nos alarmemos por la utilización que la FGEE hace de esos datos para presionar al primer responsable del fomento de la lectura en España: el Gobierno.
Es absolutamente legítimo que la FGEE presione al Ministerio de Educación y Cultura para que adopte medidas para vender más libros; medidas, dicho sea de paso, que no siempre coinciden, como algún ingenuo puede creer, con todas las que pudieran alentar al crecimiento de la lectura en nuestro país. Aquí nadie es inocente. En pocas palabras, la FGEE es un lobby eficaz para ganar dinero y, de paso, elevar un poco el nivel de la lectura en España. Prueba de su eficacia es que presentaron el estudio el Secretario de Estado de Cultura y la Directora de la Biblioteca Nacional que son dos políticos prominentes del PP. Lejos de ser objeto de crítica este procedimiento, hay que verlo como un paso adelante en las relaciones entre el mundo empresarial de capital privado y el Estado español.
La naturalidad, pues, tiene que ser el primer paso para clarificar el problema “del horror al libro” que tiene un 40% de españoles: los editores presionan al Gobierno para que fomente el placer de la lectura entre los ciudadanos y ellos puedan vender más libros, o sea, obtener mayores beneficios que los actuales. ¿Cómo puede fomentar la lectura el Gobierno de España? Mil son los mecanismos que tiene el Estado para que los españoles lean como cualquier otro paisano europeo, por ejemplo, los franceses y los alemanes. Destacaré dos políticas lectoras sencillas de entender para todos, salvo para el Gobierno de España y el resto de mesogobiernos regionales. La primera y principal sería intentar coser lo que el Estado, desde el primer gobierno de Felipe González hasta el actual gobierno de Rajoy, pasando por los gobiernos de Aznar y Rodríguez Zapatero, ha roto, a saber, la educación está prácticamente desligada de la lectura. La educación, o mejor, el pedagogismo ridículo que se ha instalado en España va por un lado y la cultura lectora por otro. Por lo tanto, mientras que la lectura no vuelva a ser el objeto prioritario de la educación española, seguiremos cultivando la tradición hispánica que hace del libro un horror para asustar a los ciudadanos. No creo que los partidos políticos en general, y el PP en particular, hagan algo por cambiar el signo de la tradición, entre otros motivos, porque a ellos lo que les gusta es tener una masa ingente de votantes con la cabeza hueca, gente que no piense demasiado, no sea que descubra que las diferencias entre los partidos, al menos en lo que se refiere a la lectura, son mínimas.
Existe una segunda gran fórmula para fomentar la lectura: el Estado debe contribuir al desarrollo de la industria privada de la edición y adquisición de libros a través de los Presupuestos Generales del Estado. Tiendo a pensar que esta segunda fórmula le gusta mucho más a la FGEE. Es correcto que los editores quieran vender más libros y presionen a su principal comprador: el Estado. Pero, por desgracia, el gobierno de Rajoy ha sido en este punto contundente en su tacañería; como sabe mejor que nadie el actual Secretario de Estado de Cultura, y antiguo Subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura, que fue el presentador estrella del informe de los editores, el recorte económico y social más grande que se ha hecho en los Presupuestos de la nación ha sido el correspondiente a la partida dedicada a la adquisición de libros y ayuda a la edición. En efecto, no creo que ninguna otra partida de la contabilidad de España sufriera un retroceso del 77% con respecto al ejercicio anterior.
Los editores tienen “razones” más que justificadas para quejarse de los recortes económicos del gobierno de Rajoy. Por cierto, hay una comunidad autónoma, la andaluza, que aún ha sido más cicatera que el gobierno de la nación en la ayuda al libro: la Junta de Andalucía suprimió directamente la partida de su presupuesto para la adquisición de libros para las bibliotecas andaluzas. Eso sucedió en 2012 en el gobierno de coalición PSOE e IU, presidido por la señora Susana Díaz. Quizá a la luz de estos datos, querido lector, sea usted uno de ese grupo de ciudadanos dispuesto a gritar: todo es empeorable en cuanto a la cultura española se refiere. Comparto su parecer, pero déjeme que le susurre al oído un matiz: no sólo el Estado es culpable de este malestar. Los editores deberían fomentar la lectura por otros canales que los ya trillados de pedir ayuda a “papá Estado”. También los que se quejan, en este caso los editores, tienen sus responsabilidades: pagan mal a sus autores, publican libros basuras y, por supuesto, no pierden ocasión de engañar a los libreros y a quien se ponga por delante para vender sus productos… Los editores tienen contraídas graves responsabilidades con los españoles para fomentar la lectura, a veces, han recibido ayudas exageradas de la Administración. Deberían ser ellos, sin duda alguna, el tercer gran “agente” para fomentar la lectura, pero eso lo dejamos para otro día.