Políticos de todos los colores, tertulianos de todos los pelajes y analistas de todos los rincones proclaman sin pudor tener la receta mágica para frenar el desafío secesionista catalán: tan fácil como dialogar con los dirigentes independentistas. Y llevan años predicando que solo así se puede resolver el mayor problema que acecha a España. Hasta el propio Rajoy parece haber mordido el anzuelo y ha habilitado un despachito en Barcelona para que Sáenz de Santamaría compadree un par de días a la semana con los políticos locales. Se desconoce si la vicepresidenta se ha apuntado a unas clases de sardana. Pero todo se andará.
De momento, cada intento del Gobierno por acercarse a ese idílico diálogo con los dirigentes independentistas se ha topado con una condición, con un veto: el referéndum de septiembre. Puigdemont, Junqueras y compañía no hablan con nadie si antes no acepta que los catalanes puedan votar sobre su independencia de España. Los dirigentes de la Generalidad, achuchados por la CUP, están empeñados en convocar a los catalanes para que puedan ejercer ese derecho a decidir que se han inventado. Para saltarse la Constitución con la complacencia del Gobierno.
El problema viene de lejos, es tan viejo como la Constitución, que para contentar a los nacionalistas, entre otras cosas, incluyó la transferencia de Educación a las Autonomías. Desde entonces, todas las generaciones de catalanes y vascos han estudiado una Historia manipulada. Para la mayoría de ellos, hoy, el enemigo es España. Y no ha habido un Gobierno, ni del PSOE ni del PP, que haya encarado el problema que se estaba gestando. De ahí, que la recomendación de esos políticos y tertulianos de dialogar resulte tan políticamente correcta como ridícula. Ya es tarde.
Solo queda aplicar la ley sin contemplaciones. Los secesionistas catalanes llevan décadas burlándose de todos los españoles, del Gobierno de turno, de la Constitución y, por tanto, de la democracia. Los dirigentes de la Generalidad que cometan el delito de sedición, como lo es convocar un referéndum de independencia, tienen que ser condenados. Homs, Mas y Forcadell están citados por la Justicia. Como poco, los tribunales les inhabilitarán de sus cargos, pero todos ellos ya han anunciado que incumplirán las sentencias.
Sin miedo a las algaradas y manifestaciones que se producirán, los mossos d´Esquadra están obligados a impedir que Forcadell ocupe su puesto en la presidencia del Parlament si resultara inhabilitada. Y sin miedo a nada ni a nadie, la policía catalana deberá retirar las urnas del referéndum de septiembre para impedir que se vote. No hay que sacar los tanques a la calle, como ya ha comentado cínicamente algún secesionista. Se trata de hacer cumplir la ley, de defender la democracia.
Pero lo del diálogo del Gobierno con los independentistas suena a chiste. A no ser que se trate de un diálogo de besugos.